El ex fiscal anticorrupción Germán Arriaza denunció que el gobierno del presidente Nayib Bukele canceló la investigación de su unidad sobre negociaciones con pandillas para ayudar a expandir su poder, mientras Estados Unidos aumenta la presión sobre el país por esas conversaciones.
Germán Arriaza, quien encabezó una unidad anticorrupción dentro de la oficina del fiscal general, dijo que su equipo recopiló evidencia documental y fotográfica de que el gobierno de Bukele llegó a un acuerdo con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en 2019 para reducir las tasas de asesinatosy ayudar al partido gobernante Nuevas Ideas a ganar las elecciones legislativas en febrero.
Los comentarios de Arriaza marcan la primera vez que un ex funcionario salvadoreño acusa públicamente a la administración de Bukele de hacer un trato con las pandillas, que han plagado al país con asesinatos y extorsiones en las últimas dos décadas.
El 8 de diciembre, el Departamento del Tesoro estadounidense también afirmó que las conversaciones se llevaron a cabo e impuso sanciones a dos funcionarios del gobierno salvadoreño que, según dice, las organizaron.
Estados Unidos está aumentando la presión sobre la administración de Bukele por lo que Washington dice que son prácticas antidemocráticas, como el debilitamiento del poder judicial.
Un grupo de trabajo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que combate el crimen de la MS-13 en Estados Unidos está preparando cargos contra los dos funcionarios salvadoreños por su presunto papel en las negociaciones, revelaron dos fuentes a la agencia británica de noticias Reuters.
El gobierno destituyó a Arriaza de su cargo en mayo de 2021, según su aviso de transferencia que fue visto por Reuters, luego de una purga llevada a cabo por el Congreso -donde Bukele tiene amplia mayoría- que destituyó a cinco jueces y al fiscal general, quienes fueron reemplazados por personas leales al Gobierno.
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Arriaza, una fuente de la Fiscalía General de El Salvador y dos funcionarios de la justicia estadounidense dicen que la investigación terminó entonces. Temiendo represalias por parte del gobierno salvadoreño por iniciar la investigación, Arriaza dijo que se exilió de inmediato y los miembros de su equipo, conocido como Grupo Especial Antimafia (GEA), se exiliaron o fueron trasladados.
“Nuestras investigaciones fueron las razones que llevaron al gobierno a disolver el organismo anticorrupción”, indicó el ex fiscal desde un lugar fuera de El Salvador que le pidió a Reuters que no revelara.
El pesidente ha negado con frecuencia los informes de los medios y las acusaciones de la oposición de que negoció una tregua con las pandillas.
La unidad de Arriaza elaboró un informe de una investigación que comenzó en 2020 a partir de escuchas telefónicas, imágenes de cámaras de seguridad, fotografías y documentos incautados que, según él, muestra cómo el viceministro de Justicia, Osiris Luna, y otro funcionario, Carlos Marroquín, ingresaron a las cárceles para negociar una tregua con las pandillas.
El Departamento del Tesoro ha hecho acusaciones similares.
Arriaza dice que su unidad encontró que Luna y Marroquín, el jefe de una agencia de bienestar social del Gobierno, ofrecieron a las pandillas mejores condiciones carcelarias, dinero y otros beneficios a cambio de que redujeran las tasas de homicidio y dieran apoyo electoral al partido de Bukele en las elecciones legislativas de febrero.
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Según la denuncia del ex fiscal Germán Arriaza, el gobierno de Bukele llegó a un acuerdo con la Mara Salvatrucha y Barrio 18 en 2019.
Reuters obtuvo una parte del informe de 129 páginas independiente de Arriaza. Funcionarios estadounidenses confirmaron que el documento es auténtico.
Las sanciones de Estados Unidos contra ambos aumentaron las tensiones existentes entre El Salvador y Washington, que ve a Bukele como cada vez más autoritario. Muchos miembros de la MS-13 han sido condenados por asesinato y tráfico de drogas en ciudades de Estados Unidos y varios de los líderes de la pandilla han sido acusados de terrorismo en el Distrito Este de Nueva York.
Funcionarios estadounidenses dicen que las pandillas han ordenado asesinatos en Estados Unidos desde el interior de las cárceles salvadoreñas.
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Con información de Reuters
