El asesor jurídico de la Presidencia de la República, Javier Argueta, dijo el lunes que recomienda a los funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU, por corrupción en la gestión de la pandemia del Covid-19, que demanden a «personas que escribieron» publicaciones periodísticas «tomadas en cuenta» por la nación norteamericana.
De acuerdo con Argueta, dichas «publicaciones» fueron retomadas por EE.UU. para «meter en listas a los funcionarios» y posteriormente sancionarlos.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a la jefa del gabinete de Gobierno de El Salvador, Carolina Recinos, por presunta corrupción en la gestión de la pandemia de la covid-19.
También anunció sanciones contra dos funcionarios salvadoreños por corrupción durante «negociaciones secretas» del presidente con la «Mara Salvatrucha» (MS-13).
Se trata de los directores de Centros Penales, Osiris Luna, y de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.
«Yo recomendaría a los funcionarios del Gobierno que ejerzan las acciones correspondientes, posiblemente no contra un país, pero posiblemente sí contra quien escribe (las publicaciones) porque tenemos leyes que protegen el honor», dijo Argueta en una entrevista televisiva.
Al ser preguntado por el presentador sobre si lo que quería de decir es que «recomienda que se demande a las personas que han escrito dichas publicaciones», el abogado afirmó que sí.
«Ya les dañaron el honor, ya les dañaron la imagen por las publicaciones», apuntó sin especificar.
Señaló que el presidente Nayib Bukele «no puede separar a los funcionarios de sus cargos» porque el derecho constitucional «le prohíbe al presidente, sin derecho de audiencia y de defensa, sin elementos mínimos probatorios, tomar decisiones referente al honor, a la imagen».
«Si el presidente de la República separa a las personas de sus cargos estaría violentando el derecho de audiencia y defensa, estaría violentando el derecho al honor», amplió.
Señaló que «el presidente debe de tener elementos probatorios suficientes para quitar a una persona de un cargo».
«No se va a proteger a nadie que cometa ilícitos, no se va a proteger ni a funcionarios anteriores, ni a actuales, ni a futuros, pero se tiene que tener, porque obliga nuestra Constitución y la jurisprudencia, a que de llegar a quitar a una persona de un cargo se tengan elementos probatorios suficientes», subrayó.
Argueta señaló la semana pasada que los «informes» – en referencia a las sanciones- emitidas por EE.UU. a funcionarios de Bukele son parte de un «ataque» a los resultados de un plan de seguridad gubernamental contra las pandillas.
En El Salvador, el actual Gobierno, los funcionarios y los diputados de la Asamblea Legislativa pueden destruir el honor de cualquier persona sin temer por el delito cometido, ya que tanto la Fiscalía como las autoridades judiciales se encuentran bajo el mando de la Casa Presidencial.
