El 21 de agosto está prevista la interpelación del ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. La interpelación busca determinar la responsabilidad del funcionario durante la ocupación militar del pleno legislativo el domingo 9 de febrero de este año, para dar “seguridad” al presidente Bukele en una visita forzada a ese órgano del Estado.
La interpelación consiste en la citación a un ministro de Estado a presentarse ante el pleno de la Asamblea Legislativa para hacerle una serie de preguntas acerca de materias relacionadas al ejercicio de su cargo.
La Interpelación estaba programada para el 28 de julio pasado, pero el pleno legislativo la reprogramó para este viernes 21 de agosto a las 9:00 de mañana por causa de la pandemia de coronavirus.
Para concretar una interpelación, se requiere de la aprobación de una mayoría simple de los diputados en ejercicio. Una vez concretada, supone dos obligaciones para el ministro en cuestión: primero, asistir a la sesión convocada, y segundo, responder al cuestionario de los parlamentarios. La competencia de la Asamblea Legislativa para interpelar a los ministros o encargados del Despacho, y a los presidentes de instituciones oficiales autónomas está regulada en el artículo 131 ordinal 34 de la Constitución. Los funcionarios llamados a interpelación que sin justa causa se negaren a concurrir, quedarán, por el mismo hecho, depuestos de sus cargos.
Extrañamente, algunos de los diputados, han manifestado a diversos medios de información, que es muy difícil que se vaya a recomendar la destitución u otra medida sancionatoria contra del funcionario en cuestión. Entonces, la pregunta: ¿Para qué diablos la interpelación ?
Habrá en este país alguien, con cuatro dedos de frente, que se atreva a decir que no hubo el 9 de febrero una ocupación militar en el recinto del órgano legislativo,que es uno de los tres Poderes del Estado, ordenada y orquestada por el mismo presidente de la república ?. Será que alguien en este país no vio, a través de las cámaras de televisión al mandatario amenazando e insultando a los diputados antes de ingresar al recinto, para luego ocupar la silla destinada al presidente de dicho Poder, y de hacer sonar el “gong” para dar por iniciada una sesión plenaria sin diputados?. Realmente, no lo creemos.
Cerrar los ojos e imaginar lo que pudo pasar por la mente del mandatario durante los segundos que permaneció orando frente a las curules desocupadas, flanqueadas por un centenar de soldados y oficiales armados hasta los dientes y en actitud bélica, hubiese sido un tema de Gabriel García Márquez. Si Bukele hubiera permanecido un minuto más, ocupando la silla presidencial de la Asamblea Legislativa, el país, estamos seguros, se hubiera prendido en llamas. La República habría desaparecido.
Ahora resulta que se va a interpelar al ministro de la defensa solo para oírle decir que recibió ordenes y aquí no ha pasado nada. Nos parece una perdida de tiempo, una verdadera tomadura de pelo.
Sease como se sea, los diputados deben saber que no se trata de problemas de obediencia sino de algo más trascendental que puso en riesgo la existencia misma de la República con un costo de vidas superior a los que provocó el conflicto armado a la misma pandemia del coronavirus.
La cosa más absurda seria la de tratar de investigar si con los hechos del 9 de febrero se violaron derechos humanos. Lo que hubo esa fecha fue el cometimiento de un delito contra la Constitución, un delito contra las instituciones, órganos y principios políticos fundamentales que integran las estructuras básicas de la organización política del país. Si no se va a interpelar al ministro de la defensa sobre este tema específico mejor no hacerlo. Lo contrario, como ya hemos dicho, sería una tomadura de pelo a la democracia.
