El Salvador entró en un régimen de excepción, pérdida de la ciudadanía de derechos constitucionales, el 27 marzo de 2022 luego de registrarse 87 asesinatos en tres días, según fuentes debido a una mala negociación entre funcionarios del gobierno de Nayib Bukele y pandilleros a quienes les habían incautado “accidentalmente” un fuerte alijo de cocaína en las costas salvadoreñas.
2022 cerró con 496 muertes violentas, 2024 cerró con 114 asesinatos.
De esa caída en los asesinatos presume Nayib Bukele para decir que El Salvador es “el país más seguro del hemisferio occidental, después de haber sido el país más inseguro del mundo ”. Eso publicó en la red X, antes Twitter, el pasado 1 de enero. Pero también lo repite cada vez que habla públicamente de su política de mano dura contra las pandillas.
Desde que se aprobó el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, más de 87,000 personas han sido detenidas con cargos de pertenencia o asociación a pandillas. Pero el propio gobierno ha reconocido que el 90% de ellas está en prisión sin que hayan sido condenados y que más de 8,000 inocentes han tenido que ser liberados por falta de pruebas en su contra.
Según la abogada Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, los detenidos que tienen indicios de nexos con las pandillas no pasan de 60,000. Los demás, no, pues hay “elementos suficientes probatorios para considerarlos inocentes”. A pesar de eso, siguen presos.
Cerca de 30,000 prisioneros, muy probablemente, porque tenemos elementos suficientes que lo prueban, son inocentes, indicó a periodistas.
Además, organizaciones defensoras de los derechos humanos han registrado casi 6,900 denuncias de abusos a los derechos humanos en las cárceles. Según indicaron, van desde golpes, malos tratos, crueldad e incluso abusos sexuales.
Socorro Jurídico Humanitario dice haber documentado la muerte de 374 personas en custodia del Estado. Entre ellas, 25 mujeres y cuatro bebés que enfermaron en los penales.
El estado de excepción ha mantenido suspendidos por tres años derechos fundamentales como el de ser informado del motivo de una detención o acceder a un abogado. Las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden de un juez y la detención sin audiencia judicial pasó de 72 horas a 15 días.
Ese régimen ha sido renovado 36 veces por el Congreso, controlado por el partido de Bukele, Nuevas Ideas y sus aliados, con 57 de los 60 escaños, tras los comicios de 2024 en los que el presidente salió reelegido —pese a una prohibición constitucional— con más del 84% de votos.
En los días que siguieron a la declaratoria de excepción, miles de soldados y policías con fusiles M-16, apoyados por camiones artillados, hicieron registros casa por casa en populosos barrios. Montaron barricadas con púas y no permitían ni el ingreso ni la salida de nadie.
Más de 30,000 efectivos uniformados siguen desplegados en las calles.
El gobierno también decretó la emergencia en las cárceles, donde por orden de Bukele los reclusos permanecerían en sus celdas “sin poder ver ni un rayo del sol”. Les decomisaron las colchonetas para dormir y el presidente advirtió a las pandillas que, si aumentaban los homicidios, les quitaría la comida a sus compañeros en las cárceles.
Además, ordenó la construcción del Centro de Confinamiento al Terrorismo (CECOT), una de las prisiones de máxima seguridad más grandes de Latinoamérica con capacidad para 40,000 reclusos y en la que hay, inexplicablemente, apenas 20,000 inquilinos.
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero y bajo un acuerdo con el gobierno salvadoreño, a ese centro han sido destinados 238 venezolanos deportados por Estados Unidos.
El gobierno no transparenta cuántos presos hay en las 27 cárceles del sistema penitenciario del país, pero según datos de World Prison Brief, en El Salvador hay 1,659 prisioneros por cada 100,000 habitantes, siendo uno de los primeros en el listado de países con mayor población carcelaria en el mundo.
La Asamblea Legislativa también reformó el Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla y castigarlo con 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
La pena más dura impuesta fue de 1,420 años de prisión a un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) —una de las bandas que Estados Unidos calificó hace un mes como organización terrorista extranjera —, como culpable de siete homicidios, 37 extorsiones y 25 casos donde planificaba asesinar personas.
La MS-13, así como la pandilla Barrio 18, están consideradas dentro de El Salvador como organizaciones terroristas por decisión de la Corte Suprema de 2015. Ese año, con 6,656 asesinatos y una tasa de homicidios de 106 por 100,000 habitantes, fue uno de los más violentos en la historia salvadoreña y el más sangriento desde la guerra civil.
Por más de tres décadas, las pandillas operaron en la mayoría del territorio e impartían su propia justicia con la consigna impuesta a la población de “ver, oír y callar”. Recaudaban casi 2,000 millones de dólares en extorsiones (esos dineros nunca fueron encontrados ni detectados por las autoridades salvadoreñas), según cálculos de las autoridades, asesinaban a los que no les pagaban y reclutaban a menores de edad.
La organización internacional Human Rigths Watch aseguró que más de 3,000 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos y “muchos de ellos sin vínculos aparentes” con las pandillas. En muchos casos, las detenciones “parecen estar basadas únicamente en denuncias anónimas o en su apariencia física”.
