Una investigación de la Asamblea Legislativa, respaldada por 58 de 84 legisladores, determinó que el Gobierno de Nayib Bukele utiliza fondos públicos para acosar y atacar a los periodistas que no están a su servicio, con lo que se podría estar cometiendo un delito.
La investigación, que no tiene carácter vinculante, fue realizada por una comisión especial, sin presencia de diputados oficialistas, se dio principalmente mediante entrevistas a periodistas de diversos medios y a representantes de asociaciones nacionales e internacionales.
«Esta comisión concluye que en El Salvador existe acoso, discriminación y maltrato a periodistas por parte del órgano Ejecutivo», reza la primera conclusión.
Añade que «existe uso de recursos públicos para atacar a periodistas y opositores por parte del actual Gobierno de Nayib Bukele», además de un «bloqueo a la información pública y acceso a funcionarios» para determinados medios de comunicación.
Los ataques, según el documento aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa, trascienden a las plataformas virtuales, donde las agresiones se dan «por medio del accionar de los denominados troles, que tienen como única finalidad deslegitimar el trabajo periodístico y contrarrestar críticas» que recibe el Gobierno.
La comisión que realizó la investigación identificó como «principales responsables de violaciones relacionadas al derecho de la libertad de expresión y de prensa» al presidente Bukele, así como su secretario de prensa, Ernesto Sanabria, y al jefe de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), Federico Anliker.
Señala que, valiéndose de sus cargos, han «amedrentado» y «denigrado» el trabajo de los periodistas, «pudiéndose deducir la probable comisión de hechos constitutivos de delitos».
Dado que los comunicadores entrevistados por la comisión «son unánimes» al manifestar que estas acciones ponen «en peligro su vida y puestos de trabajo, debido a las constantes amenazas» que han enfrentado.
El documento no señala si las supuestas amenazas provienen directamente de los funcionarios señalados.
Los legisladores también advirtieron que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, podría estar cometiendo el delito de «actos arbitrarios» al ordenar una auditoría a un medio que no favorece al Ejecutivo.
También reseña que las mujeres periodistas «se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad al acoso, maltrato, insultos y discriminación».
El Congreso recomendó a Bukele y funcionarios que «cesen el acoso, discriminación, insultos y maltrato a periodistas».
El informe que da cuenta de la investigación será enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Watch y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Además, lo recibirán la Secretaría de Libertad de Expresión de la ONU, el Congreso y Senado de los Estados Unidos y el Parlamento Europeo.
Bukele y varios de su funcionarios rechazaron la formación de la comisión especial que realizó esta investigación y han amenazado y hostigados con grupos de troles a varios periodistas.
El secretario Sanabria publicó el pasado 4 de noviembre en su cuenta de Twitter que «Algunos periodistas, al acudir a la comisión ‘antiacoso’ en la Asamblea, cumplieron el rol que les sembró el matrimonio ARENA-FMLN (partidos de oposición)».
«Se convirtieron en herramientas políticas para nuevas acciones vacías contra el GOES (Gobierno de El Salvador)», añadió.
