El Gobierno de Venezuela rechazó el domingo las acusaciones contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y otros nueve exfuncionarios del FMLN por presunta corrupción, calificándolo de «persecución judicial».
«A todas luces, estamos ante un nuevo caso de lawfare, estrategia utilizada en años recientes por los grupos conservadores en el poder para intentar desmovilizar la organización y resistencia de los pueblos contra el neoliberalismo y demás formas de dominación», dijo el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en un comunicado publicado en Twitter.
El canciller aseguró que Sánchez Cerén y los nueve exfuncionarios son «víctimas de una persecución judicial sin precedentes, emprendida por la Fiscalía General de ese país»
Arreaza señaló que el presidente Nicolás Maduro también expresó su apoyo al exmandatario salvadoreño, «uno de los más relevantes dirigentes en la historia política de la nación salvadoreña, miembro de la vanguardia revolucionaria del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) y luchador incansable por la paz y demandas populares de justicia social durante décadas».
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador presentó el domingo cargos de corrupción contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén y otros nueve exfuncionarios ante un juzgado, por supuestamente recibir pagos irregulares en la administración de Mauricio Funes (2009-2014).
«Todas estas personas están siendo acusadas por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero», indicó una representante de la FGR.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Sánchez Cerén habría recibido 530.000 dólares cuando se desempeñaba como vicepresidente de Funes.
Se desconoce actualmente el paradero de Sánchez Cerén, también excomandante guerrillero del FMLN y quien habría salido del país a finales de 2020.
Sánchez Cerén se convirtió el pasado 22 de julio en el cuarto exmandatario de la etapa democrática salvadoreña en ser requerido por la Fiscalía por cargos de corrupción.