Los usuarios del transporte público reaccionaron el lunes con sentimientos encontrados, la mayoría con disgusto y algunos con apoyo, luego de la decisión del gobierno del presidente Nayib Bukele de cancelar los permisos a una empresa con casi 300 unidades del transporte público de pasajeros, que supuestamente estaba incrementando las tarifas.
En diferentes puntos de la capital y de Santa Tecla, se observaron largas filas de personas tratando de abordar los autobuses. En una situación poco usual, el gobierno convocó a militares y policías para que se hicieran cargo del control de las unidades.
También se pudo observar a soldados armados, algunos con pasamontañas para cubrirse el rosto, en las unidades en una aparente medida para dar seguridad. Sin embargo, hubo un poblema. Los motoristas asignados a las unidades no conocían el trayecto y eso afectó el servicio en la jornada.
“Esto es un desorden, hay que esperar más tiempo”, dijo a periodistas una usuaria, quien se quejó que llegaría tarde a su trabajo. Pero la mujer, de 38 años, también criticó el “abuso de los motoristas. Yo no sé si es por orden del dueño y es cosa de ellos, pero uno se sube por la necesidad», agregó.
Ante la grave crisis económica que atraviesa el país, el gobierno puso en marcha una intensa campaña de supervisión para que el transporte público de pasajeros, que recibe una compensación económica mensual, no incremente las tarifas. Se suspendieron los permisos de líneas a las unidades del empresario Catalino Miranda, quien además fue detenido por el delito de resistirse a la autoridad.
Pero con la intención de evitar el caos en el transporte de pasajeros, el presidente Bukele le ordenó a la Fuerza Armada que pusiera a la disposición motoristas para retomar el servicio.
Ante la posibilidad que otros empresarios del transporte vayan a un paro general tras las acciones del gobierno, Bukele lanzó una advertencia: “Si más transportistas se van a paro, habrá que intervenir esas unidades también. Ni una sola unidad se quedará sin brindar el servicio”, fue la amenaza.
Los empresarios que alteran las tarifas reciben una multa de 57.14 dólares, pero desde el domingo también es una causa para cancelarles los permisos del servicio de transporte público, según el gobierno.
