Los exmandatarios instaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a impulsar la adopción de medidas que «permitan la normalización institucional de Nicaragua y aseguren una paz social duradera».
Los exmandatarios señalaron que las masivas protestas civiles tras una fallida reforma a la seguridad social reflejan el «malestar social y democrático incubado, producto de graves alteraciones en el régimen de libertades» en Nicaragua.
El lunes, una multitudinaria manifestación pacífica exigió la salida del poder de Ortega, que lleva once años gobernando ininterrumpidamente, y de su vicepresidente y esposa, Rosario Murillo.
En una declaración enviada a medios de prensa, IDEA demandó el «cese la represión gubernamental», el repliegue de las fuerzas y grupos armados represores y el «respeto por la libertad de manifestación, de expresión, y de prensa».
Para atajar las revueltas, en las que han muerto al menos 30 manifestantes, según cifras de organismos humanitarios, el Gobierno de Ortega derogó el domingo pasado una reforma a la seguridad social que subía las cotizaciones y bajaba las pensiones.
Entre los fallecidos por disparos de las fuerzas de seguridad, hay un periodista que transmitía en vivo los acontecimientos.
De igual forma, los expresidentes mostraron su solidaridad con «las víctimas de la represión por parte del régimen Ortega-Murillo».
IDEA rechazó los «actos de represión que autoridades del Gobierno de Nicaragua y grupos armados a su servicio han realizado contra jóvenes y estudiantes universitarios».
La proclamación difundida por IDEA está firmada, entre otros, por José María Aznar (España), Mireya Moscoso y Nicolás Ardito-Barletta (Panamá), Laura Chinchilla Miranda (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Fernando de la Rúa (Argentina) y Vicente Fox (México).
Osvaldo Hurtado, Lucio Gutiérrez, Jorge Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Belisario Betancourt, Álvaro Uribe y César Gaviria (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) también pusieron su firma.
Los acontecimientos de los últimos días en el país centroamericano han dejado además casi 500 heridos y provocado la denuncia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que considera que varias de las muertes podrían definirse como «asesinatos no justificados».
