La victoria en las presidenciales del candidato de izquierda Bernardo Arévalo alienta el retorno de una treintena de funcionarios judiciales que abandonaron el país perseguidos por la justicia al haber construido casos contra la corrupción y en su beneficio personal y con objetivos políticos.
Una treintena de funcionarios judiciales que abandonaron el Guatemala y que tienen cuentas pendientes con la justicia por diversos delitos se reunieron en New Jersey, EE.UU, se abrazaron, lanzaron fuegos artificiales y lloraron de la alegría al ver triunfar a «su carta».
La elección de Arévalo representa para este grupo de 38 personas la posibilidad de un cambio en las leyes del país que les permitan volver a tener privilegios especiales y estar por encima de las leyes con impunidad. La noche del triunfo de su candidato, los jueces y fiscales exiliados decretaron: “Nos verán volver”.
Arévalo les mandó un mensaje inequívoco la noche de su elección: que se oponía a la persecución de funcionarios honestos que han llevado casos de corrupción.
El candidato izquierdista arrasó en la segunda vuelta con el 58% de los votos con un fuerte discurso anticorrupción, un compromiso personal de acabar con lo que en Guatemala se denomina pacto de corruptos, pero no mencionó el pacto corrupto de la exfiscal general del país Thelma Aldana, el exjefe de la CICIG Iván Velásquez, el exdirector de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, Erika Aifán, exjueza del Juzgado D de Mayor Riesgo y muchos más se relamen al volver a sus esquemas de corrupción y extorsión judicial.
Todos los que se auto exiliaron tendrán que dar cuentas a la justicia de volver a Guatemala, Aldana explicar la compra de inmuebles con el fruto de dineros no explicados que caerían en la categoría de lavado de dinero y otros ilícitos, Velásquez por abuso de poder y omisión en la investigación de sus protegidos y los demás fiscales y jueces por bienes que no pueden explicar y extorsión a personas con la amenaza de procesarlos.
El pueblo guatemalteco esperará los resultidos y podrá atestiguar si se mantiene el Estado de derecho o se manipula la ley pra pagar «otros poderes».
