Sergio Moro lanzó plan para combatir el crimen organizado y la corrupción en Brasil

Sergio Moro se reunió el lunes con autoridades de la Cámara de Diputados de Brasil y un grupo de gobernadores a fin de buscar apoyo para un proyecto de reforma de leyes con el que pretende reforzar el combate al crimen.

El ministro de Justicia aseguró en una rueda de prensa que el proyecto apunta a endurecer la acción contra la delincuencia organizada, la corrupción y los crímenes violentos.

Con relación a las medidas para garantizar la ejecución provisional de la condena penal después del juicio en segunda instancia -cuestión que será tratada en abril por la Corte Suprema-, el proyecto propone que, «al dictar sentencia condenatoria, el tribunal determinará la ejecución provisional de las penas privativas de libertad, restrictivas de derechos o pecuniarias, sin el perjuicio del conocimiento de los recursos que se interponen» (Art. 617).

«El tribunal podrá, excepcionalmente, dejar de autorizar la ejecución provisional de las penas si hay una cuestión constitucional o legal relevante, cuya resolución por el Tribunal Superior pueda plausiblemente llevar a la revisión de la condena», agrega.Asimismo, por medio del artículo 283 establece que «nadie podrá ser preso sino en flagrante delito o por orden escrita y fundamentada de la autoridad judicial competente, como consecuencia de una detención cautelar o en virtud de una condena penal transitada en juzgado».

Es decir, los condenados en segunda instancia podrán ser encarcelados «provisoriamente» si así lo decide el tribunal colegiado. Sólo podrían apelar en libertad.

Para aumentar la efectividad del Tribunal del Jurado, Moro insta a que se realicen cambios en el artículo 421 del Código de Proceso Penal: «Proferida la decisión de pronunciación y de eventuales embargos de declaración, los casos serán remitidos al juez presidente del Tribunal del Jurado, con independencia de la interposición de otros recursos, que no obstaculizará el juicio».

«Habiendo una circunstancia superveniente que altere la clasificación del crimen, el juez ordenará la remisión de los casos al Ministerio Público».

El tercer apartado del proyecto hace mención a las medidas «para modificar las reglas del juicio de los embargos». Los condenados deberán pagar las multas impuestas en un plazo de diez días desde el inicio de la ejecución definitiva.

En cuanto a la lucha contra la criminalidad violenta, el proyecto de ley considera como «legítima defensa» la intervención de un agente policial que, «en conflicto armado o en riesgo de conflicto armado inminente, previene una agresión injusta en su contra o contra terceros».

«No estamos ampliando la legítima defensa, sólo estamos dejando claro que determinadas situaciones cotidianas configuran legítima defensa (…). Eso es algo que ya se hace en la práctica», alegó Moro.

En el proyecto, se establece que es legítima defensa en los siguientes casos: cuando el agente policial o de seguridad pública previene la agresión a otra persona durante un conflicto armado «o en riesgo inminente de conflicto armado». Y la otra, cuando el agente policial o de seguridad pública «previene de una agresión o de un riesgo de agresión a una víctima mantenida como rehén durante la práctica criminal».

Esto representa una flexibilización en las penas a los agentes de seguridad. Sin embargo, cada caso debe ser analizado por los jueces. Moro aclaró que esto no da «licencia para matar» a los uniformados.

A su vez, el ministro de Justicia propone que se agilicen los trámites procesales, «cuya lentitud también propicia la impunidad».

Por su parte, para «endurecer el cumplimiento de las penas», Moro propone que, mediante modificaciones en el artículo 33, «en el caso de condenado reincidente o habiendo elementos probatorios que indiquen conducta criminal habitual, reiterada o profesional, el régimen inicial de la pena será cerrado, salvo si son insignificantes las infracciones penales pretéritas».

En este proyecto están incluidos los condenados por corrupción pasiva, activa y malversación de fondos públicos.

Esto busca poner fin al actual sistema mediante el cual aquel que tiene una condena inferior a los ocho años puede solicitar un régimen de reclusión semiabierto o de prisión domiciliaria.

Uno de las principales preocupaciones en Brasil es la creciente actividad y amenaza de organizaciones criminales. En su proyecto, Moro amplió el concepto de estos grupos y pide penas más duras para sus jefes y miembros, quienes deberán ser enviados a cárceles de máxima seguridad. Ellos, asimismo, no podrán gozar de regímenes semiabiertos.

Entre las organizaciones citadas por Moro se encuentran Primeiro Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho, el Terceiro Comando, Amigos dos Amigos (ADA), la Familia del Norte, y las milicias conformadas por ex oficiales corruptos.

El ministro de Justicia también prevé endurecer las penas para crímenes con armas de fuego, así como la creación de un banco genético con ADN de condenados.

El proyecto también propone autorizar las llamadas «operaciones encubiertas» de las agentes policiales, que pudieran infiltrarse en organizaciones criminales a fin de obtener información y pruebas sobre sus actividades.

El proyecto establece medidas para ayudar a mejorar las «pérdidas» del condenado sobre el «producto» del crimen: «Art. 91 bis. En el caso de condena por infracciones a las que la ley comine pena máxima superior a seis años de reclusión, podrá decretarse la pérdida, como producto o beneficio del crimen, de los bienes correspondientes a la diferencia entre el valor del patrimonio del condenado y el que sea compatible con su ingreso lícito».

No obstante, «el condenado tendrá la oportunidad de demostrar la inexistencia de la incompatibilidad o procedencia lícita del patrimonio».

Las medidas presentadas al Congreso prevén también que el juez podrá autorizar, «constatado el interés público», la utilización del bien secuestrado, incautado o sujeto a cualquier medida de los órganos de seguridad pública para uso exclusivo en actividades de prevención y represión a infracciones penales.

El paquete presenta también propuestas para evitar la prescripción.

Otro de los temas sensibles está relacionado al financiamiento no declarado de campañas, en el cual se vio envuelto el Partido de los Trabajadores (PT) en los comicios que ganó Dilma Rousseff.

El proyecto establece que «recaudar, mantener, movilizar o utilizar valores no declarados a la Justicia Electoral para campañas políticas» -conocido como «Caja 2»- dejará de ser un delito electoral, y pasará a ser un crimen penal. Esto llevaría a elevar las penas para los condenados.

Moro también propone que se modifique el régimen de interrogatorio por videoconferencia: «El juez, por decisión motivada, de oficio o a petición de las partes, podrá realizar el interrogatorio del reo preso por sistema de videoconferencia u otro recurso tecnológico de transmisión de sonidos e imágenes en tiempo real, siempre que la medida sea necesaria para cumplir una de las siguientes finalidades: responder a la cuestión de orden público o evitar costes de desplazamiento o escolta de preso».

El nuevo sistema que propone el ministro de Justicia también incluye la figura del «informante de bien», por medio de la cual los acusados pueden llegar a un acuerdo con las autoridades, proveyéndolas de información, a cambio de ciertos beneficios, como por ejemplo reducción de penas.