La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el miércoles una nueva acusación penal contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén y otras 17 personas, entre ellas exfuncionarios de su gobierno, acusados de participar en una red de corrupción que presuntamente se apropió de más de 183 millones de dólares las arcas del Estado.
La acusación incluye al exsecretario privado del exmandatario, Manuel Melgar; el exjefe del Estado Mayor Presidencial, Antonio Revelo Vega; el exjefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Carlos Ernesto Guerrero, y la extesorera institucional de la Presidencia, Daysi Armida Díaz Álvarez.
El Grupo contra la Impunidad de la FGR aseguró tener las pruebas para comprobar que los imputados habrían lavado 183,8 millones de dólares del presupuesto de gastos reservados de la presidencia durante el mandato de Sánchez Cerén (2014-2019).
También habrían desviado 3,9 millones de dólares de donaciones del gobierno de Taiwán.
En agosto de 2020 el gobierno del exguerrillero Sánchez Cerén anunció que El Salvador rompía relaciones con Taiwán e inmediatamente las estableció con la República Popular China.
Las autoridades ya capturaron a tres de los exfuncionarios del gobierno de Sánchez Cerén y al propietario de un taller automotriz y supuesto proveedor de servicios a la presidencia, identificado como Alexander Benítez Peña.
Entre los acusados también otros exfuncionarios que están procesados en casos de corrupción que involucran al expresidente Mauricio Funes (2009-2014).
Según la acusación, la extesorera Díaz Alvarez habría firmado 193 cheques de cuentas institucionales y transferido esos fondos a seis cuentas particulares que a su vez fueron enviados a otra cuenta, lo que permitió a los imputados disponer libremente de ese dinero.
Según la investigación, 155 millones de dólares fueron retirados en efectivo y el resto fue destinado al pago de supuestos proveedores que no tendrían ninguna relación con la Presidencia.
En junio de 2021 un juez decretó la detención provisional de 10 exfuncionarios del gobierno del expresidente Funes, entre ellos el expresidente Sánchez Cerén, para que fueran procesados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Esta acusación contra Sánchez Cerén es en su carácter de vicepresidente durante el gobierno de Funes, durante el que también se desempeñó como ministro de Educación y según la Unidad de Lavado de Dinero y Activos del Ministerio Público recibió fondos ilícitos por un total de 530.000 dólares.
Un día después de que se el juez emitiera una orden de búsqueda y captura internacional contra el exmandatario el gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense a Sánchez Cerén. Además, fueron nacionalizados su esposa, su hija y su nieto.
La constitución nicaragüense prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
