“Mi gobierno no permitirá que la Sala ni nadie deje a los jubilados sin pensión”, dijo en Cadena Nacional de Radio y Televisión el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
En un irreflexivo ataque contra la sala, Sánchez Cerén fundamentó su enojo en la critica por el fallo de inconstitucionalidad dado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con respecto a las reformas al sistema de pensiones aprobadas la semana pasada por el oficialismo y sus partidos satélites en la Asamblea Legislativa, con el que el Gobierno se apropiaba de parte de los ahorros de los trabajadores salvadoreños en detrimento a sus aportes para su fondo de pensión.
“El impago de pensiones es culpa de la Sala de lo Constitucional y condeno estas medidas que son políticas y que solo buscan crear el caos y desestabilizar al país”, dijo el presidente de la república.
El excomandante de la guerrilla y maestro de escuela se aventuró, como si fuera abogado constitucionalista, al aseverar que “la Sala ha violado el debido proceso y emitido sentencias con la intensión de crear crisis y confrontación”.
“Llamo al pueblo salvadoreño a respaldar al gobierno en las medidas que tomaremos para asegurar el pago de las pensiones”, amenazó el presidente, asegurando que “la anulación este día del mecanismo de pago deja sin fuentes de ingreso a más de 175 mil jubilados en El Salvador, de los cuales 78 mil pertenecen al sector privado”.
La Sala de lo Constitucional resolvió esta tarde que es inconstitucional la reciente reforma que realizó la Asamblea Legislativa al sistema de pensiones, con la cual se subió el techo obligatorio de compra de Certificados de Inversión Provisional (CIP) por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) al Estado de un 45% al 50%.
Según los magistrados, la modificación produce una afectación “intensa” de los derechos fundamentales de los implicados, porque implica ampliar el riesgo sobre sus pensiones y limita el margen de inversión de las AFP en títulos no obligatorios con mejores tasas de interés.
La resolución de la Sala se enmarca en el proceso de seguimiento que hace el tribunal de la sentencia emitida en diciembre del 2014, en la que los magistrados establecieron que las AFP están obligadas a comprar el 45% de los CIP.
La obligación de pagar las pensiones fuera del sistema previsional de las AFP’s corresponde al Ejecutivo, no al poder Legislativo.
