En un nuevo «choque de poderes», la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) amenazó al Poder Ejecutivo con certificar a la FGR de posibles delitos cometidos en caso que niegue el ingreso de salvadoreños o extranjeros con residencia definitiva a El Salvador, por no presentar una prueba de covid-19 negativa.
En su resolución 167-2020, el máximo tribunal reiteró que el Gobierno necesita un régimen de excepción para poder suspender este derecho.
Los magistrados le advirtieron al Presidente Bukele y a los miembros de su Gobierno que una actitud de rechazo a la decisión adoptada en fecha 14 de septiembre, en la que suspende la exigencia de la prueba PCR negativa a covid para todo ciudadano salvadoreño o residente permanente que entre a su país, acarrea responsabilidades constitucionales y legales.
«Por ello, en caso de inobservancia de la medida cautelar adoptada en este proceso, por parte de alguna autoridad, en el sentido de insistir en inadmitir el ingreso de salvadoreños o extranjeros residentes definitivos por cualquier vía (terrestre, marítima o aérea), se certificará de manera inmediata a la Fiscalía General de la República por el posible cometimiento de delito».
El 11 de septiembre, con una circular, el Gobierno notificó que todos las todos los viajeros que deseen ingresar a El Salvador deberán presentar una prueba de Reacción en Cadena de Polimerasa en tiempo real (PCR) negativa al coronavirus, tomada como máximo 72 horas antes del vuelo.
El pasado miércoles, la Sala resolvió que el Gobierno no puede pedir la prueba PCR de covid-19 negativo porque eso restringe el derechos constitucional de ingresar al territorio salvadoreño para los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva en el país.
Sin embargo, en una reunión con las aerolíneas, autoridades del Ministerio de Salud, Migración y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa) reiteraron que, a pesar de las ordenes de la Sala, las aerolíneas tendrán que obedecer las reglas impuestas por el Ejecutivo o se verán multados con $6 mil por cada pasajero que llegara a El Salvador sin la Según diputados de oposición y analistas, se podría tratar de un «fraude de ley» por parte del Ejecutivo.
Debido al posible desacato del Gobierno salvadoreño a la Sala de lo Constitucional, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) le solicitó al Gobierno “formalizar (el requisito de la prueba PCR9 a través de la emisión de un decreto que establezca las condiciones aplicables para el ingreso de ciudadanos y residentes extranjeros”.
Ante el «fraude de ley» que sería desacato del Gobierno de Nayib Bukele a la sentencia de la Sala, el viernes 18 de septiembre, esta ratificó la medida cautelar y advirtió al Ejecutivo que “de insistir en inadmitir el ingreso de salvadoreños o extranjeros residentes definitivos por cualquier vía (terrestre, marítima o aérea), se certificará de manera inmediata a la Fiscalía General de la República por el posible cometimiento de delito”.
La Sala dio cátedra al Gobierno tiene otros mecanismos menos graves para contener la propagación del coronavirus, como “como la obligación de guardar cuarentena en el domicilio o, si lo prescribe un dictamen médico, en un centro de salud”, para que no se violen el derecho constitucional.
El presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado sobre si terminará acatando la orden de la Sala, pero reaccionó en su cuenta de Twitter insinuando que permitir el ingreso de personas sin pedir la prueba negativa de PCR podría generar una segunda ola de contagios a nivel nacional.
El 19 de septiembre, el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez comenzará a recibir vuelos de entrada y salida de pasajeros, después de seis meses cerrado, como medida para contener la covid-19.
