Agentes penitenciarios y de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron el miércoles requisas en todas las cárceles del país, luego de que el martes el oficialismo y sus aliados en la Asamblea Legislativa aprobaran una nueva ampliación del régimen de excepción que limita los derechos ciudadanos.
La Policía señaló, en un mensaje en la red social X (antes Twitter), que las «requisas sorpresa» se llevan a cabo «en el 100 %» de los centros penales del país.
Apuntó que «estas requisas sorpresa son necesarias para que las cárceles nunca vuelvan a ser universidades del crimen».
En videos compartidos por la Policía, se observa a custodios de cárceles revisando celdas, ropa y artículos de aseo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y en los centros penales Ciudad Barrios, Zacatecoluca y La Esperanza, este último cercano a San Salvador.
La Dirección General de Centros Penales (DGCP) apuntó, también en un mensaje en X, que «no se registra ningún hecho de violencia en el sistema penitenciario del país», tras rumores de que uno habría ocurrido en el penal La Esperanza, conocido como Mariona.
El movimiento de vehículos oficiales con armas y luces intermitentes alarmaron a la población en general, dando pie a aseveraciones en redes sociales que podría tratarse de una situación similar a la ocurrida en el Ecuador la presente semana.
En el contexto de dichas requisas, el presidente y candidato inconstitucional a la reelección inmediata por el partido Nuevas Ideas (NI), Nayib Bukele, público en X un video en el que recordó un mensaje brindado en mayo de 2023 en el que, entre otras cosas, señaló que el Gobierno hará «lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH».
«Hace algún tiempo… Aplica para hoy», escribió el mandatario para acompañar el video.
En esa intervención, Bukele apuntó que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «se pone de lado de los criminales en El Salvador, no duden que están de lado de los criminales en sus países también y lo que va a pasar es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH».
