La coordinadora residente de las Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gerstenberg, advirtió el viernes que las medidas que acompañan el régimen de excepción en el país «deben de estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos».
La suspensión de garantías constitucionales, bajo un régimen de excepción, ordenada por el presidente Nayib Bukele y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado marzo, se ha prorrogado en cinco ocasiones.
Con esta medida, el Ejecutivo dice estar ganando la «guerra contra las pandillas». No obstante, el Gobierno no ha informado si cuenta con un plan definitivo para atender el fenómeno de las pandillas, mas aceptó la semana pasada, en boca del presidente Bukele, que los motivos o razones que dieron paso al nacimiento y desarrollo de las pandillas en el país no han cambiado.
«El régimen de excepción es una decisión soberana de los Estados, y enfatizo la posición que las Naciones Unidas ha expresado desde el principio: las medidas deben de estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos», publicó Gerstenberg.
Y agregó: «Reafirmo mi convicción y compromiso con trabajar por el respeto irrestricto de los derechos humanos como el camino para la sostenibilidad de la erradicación de la violencia y la construcción de una paz sostenible, inclusiva e igualitaria».
Un grupo de organizaciones humanitarias, en su mayoría de izquierdas, advirtió recientemente la «anulación» de los mecanismos de control de los abusos a derechos humanos atribuidos a los cuerpos de seguridad en el contexto del régimen de excepción, implementado para «combatir» a la pandillas.
Las denuncias que han recibido dichas entidades no gubernamentales superaron las 3.100, un número marginal comparado a casi 53 mil capturas.
En un informe enviado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Estado salvadoreño informó que hasta finales de julio únicamente se habían llevado ante los tribunales 5 de los más de 80 homicidios que propiciaron el régimen de excepción, mientras que el resto estaba en investigación.
Son más de 52.000 supuestos pandilleros y personas ligadas a estos grupos detenidos en el marco de dicha medida, según el Gobierno.
