La transformación del Centro Histórico de San Salvador se ha convertido en uno de los proyectos emblemáticos del gobierno del presidente Nayib Bukele. La recuperación de plazas, calles y edificios patrimoniales, junto con una mayor presencia policial y ordenamiento municipal, ha cambiado de forma visible la imagen de una zona que durante décadas estuvo marcada por el desorden, la informalidad y la inseguridad. Sin embargo, este proceso también ha generado una fuerte tensión social debido al desalojo de miles de vendedores ambulantes que dependían del espacio público para subsistir.
Desde la visión del presidente Bukele y de la alcaldía capitalina, el ordenamiento del Centro Histórico es una condición necesaria para el desarrollo. El mandatario ha defendido que la liberación de calles y aceras permite recuperar espacios para peatones, fomentar el turismo, atraer inversión privada y proteger el patrimonio cultural de la capital. En ese marco, el gobierno sostiene que no se trata solo de una política estética, sino de seguridad, movilidad y reactivación económica a largo plazo.
Las autoridades municipales argumentan que el comercio informal, tal como estaba organizado, generaba caos vial, competencia desleal con negocios formales y condiciones insalubres. Además, señalan que el desorden facilitaba la extorsión y otras actividades delictivas. Bajo esta lógica, el ordenamiento busca crear un entorno más seguro y atractivo tanto para residentes como para visitantes, impulsando una economía formal y sostenible.
No obstante, el impacto social del desalojo de vendedores ambulantes es significativo. Para miles de familias, la venta informal era la principal —y en muchos casos única— fuente de ingresos. El retiro forzoso de los puestos ha significado una pérdida inmediata de sustento, especialmente para personas sin acceso a empleo formal, crédito o seguridad social. Aunque el gobierno ha mencionado programas de reubicación y alternativas, muchos vendedores aseguran que estas opciones son insuficientes, limitadas o poco viables económicamente.
El contraste es evidente: mientras el Centro Histórico muestra calles despejadas, fachadas restauradas y un creciente flujo turístico, el sector informal enfrenta incertidumbre, endeudamiento y riesgo de mayor pobreza. Economistas advierten que una transición brusca hacia el ordenamiento, sin un plan integral de inclusión productiva, puede profundizar la desigualdad y desplazar el problema hacia otros puntos de la ciudad.
En términos políticos, el presidente Bukele mantiene una postura firme, respaldada por altos niveles de aprobación ciudadana. Para amplios sectores de la población, el orden y la recuperación del espacio público representan un avance tangible frente al abandono histórico del centro capitalino. Sin embargo, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos insisten en que el desarrollo urbano no debe darse a costa de los más vulnerables.
El desafío de fondo es encontrar un equilibrio entre modernización y justicia social. La recuperación del Centro Histórico de San Salvador plantea una pregunta clave para la política pública: ¿cómo impulsar el orden, la inversión y el turismo sin excluir a quienes han sobrevivido durante años en la informalidad? La respuesta a esta interrogante definirá si el proyecto se consolida como un modelo integral de desarrollo urbano o como un avance urbano acompañado de una deuda social pendiente.
