El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) de Guatemala se encuentra en una campaña permanente para presionar a las instituciones legales del país a concretizar una iniciativa de ley para estatizar bienes privados.
Siguiendo la tónica, la diputada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Vicenta Jerónimo, presentó ante el Congreso de la tierra del Quetzal una agresiva iniciativa de ley para «nacionalizar» las empresas privadas.
Con la iniciativa, tanto el Codeca como el MLP buscan expropiar el 100% de las acciones de las empresas dedicadas al transporte aéreo, telecomunicaciones, energía eléctrica y «otros» que una comisión considere conveniente.
El proyecto de ley pretende armar una comisión integrada por el titular de la Procuraduría General de la Nación, representantes de los pueblos xinca, garífuna y maya y de organizaciones campesinas todas identificados con perfiles de izquierda subversiva.
El proyecto pretende cancelar todas las concesiones de explotación de recursos naturales en Guatemala.
La minería, electricidad e hidrocarburos, frecuencias de televisión, radio, telefonía e internet serían afectados para ser manejados por el Estado en una intención que formaría un retroceso en la modernidad y capacidad tecnológica productiva de Guatemala.
Durante las últimas décadas, movimientos como el Codeca y el partido MLP dicen seguir el «Chavismo» venezolano, que a principios del siglo nacionalizó todo tipo de servicio de comunicaciones e industria, solo para hacerlos caer en quiebra en la incapacidad de cubrir las necesidades del país sudamericano.
Actualmente, el gobierno de Nicolás Maduro se ha dado a la tarea de devolver a manos privadas todos los servicios que en su momento fueron arrancados del tejido empresarial venezolano.
Los grupos subversivos a la economía guatemalteca pretenden utilizar los dineros producto de las expropiaciones para darse bonos y regalos económicos al los sectores que supuestamente representan.
Entre sus intenciones se encuentra un bono denominado «Buen Vivir», que consistiría en un pago mensual de Q500 para los adultos mayores de 55 años, personas con discapacidad, las madres solteras y las viudas. En estos últimos dos casos las beneficiarias recibirían un bono adicional de Q250 mensuales por cada hijo, sin explicar de donde se podría sostener las dádivas de manera permanente luego de «acabarse» los recursos.
La iniciativa de ley, según informes, es producto de un contubernio entre el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y la diputada Jerónimo, del MLP.
Tanto el Codeca como la diputada Jerónimo se han hecho cargo de promover manifestaciones violentas contra el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei y contra las instituciones del Estado, además de buscar el colapso del sector industrial, empresarial y privado que sostiene los ingresos del país centroamericano.
