La procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, amenazó a las pandillas con «consecuencias internacionales» en caso mantener el recrudecimiento de los homicidios y de ataques contra los cuerpos de seguridad.
«A partir de la comprobación de su participación directa en este tipo de hechos, oportunamente estableceré su responsabilidad por violaciones de derechos humanos, lo cual podría acarrearles, además de las consecuencias jurídicas de nuestro derecho penal interno, las de tipo penal internacional», sostuvo en un escrito sin entrar en detalles.
Esta advertencia a las pandillas es parte de un pronunciamiento difundido este viernes por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), de la que es titular Caballero, en la que la defensora del pueblo lamenta y condena el incremento en las muertes violentas y la participación de policías y soldados en grupos de exterminio.
«Externo mi profunda preocupación y mi exigencia hacia el Estado salvadoreño, principalmente a las instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana a que, sin excusa ni demora, cumplan sus obligaciones de respetar y garantizar el derecho a la vida y a la seguridad», acotó Caballero.
A mediados de agosto, El Salvador registró un alza en las muertes violentas, que en ese momento rompió «el esquema de la cantidad que veníamos teniendo», de menos de 10 homicidios, según el director de la Policía, Howard Cotto.
De igual forma, en lo que va de 2017 suman 21 los policías ultimados, de los que 15 han sido víctimas de una ola de ataques contra los miembros de este cuerpo de seguridad desde mediados de junio pasado; a estos se suman al menos 8 militares y un custodio de centros penales.
Las pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha y otras minoritarias poseen más de 600 células, a las que el Gobierno acusa de mantener los índices de asesinatos que sitúan al país centroamericano como uno de los más violentos del mundo.
Entre 2012 y 2014 estas bandas sostuvieron una tregua bajo el amparo del Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), actualmente asilado en Nicaragua, la que según expertos y analistas las fortaleció.
Un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (Incide) sostiene que las pandillas recrudecieron su patrón de violencia al finalizar el armisticio por el mayor control territorial que les permitió esa tregua.
En abril de 2014, la Asamblea Legislativa declaró a las pandillas como «organizaciones terroristas» amparado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en agosto de 2015 consideró en una resolución que estas organizaciones cometen terrorismo al afectar «indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población».
