En el segundo día del juicio que lleva el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador contra el expresidente de la República, Elías Antonio Saca y varios de sus excolaboradores, uno de los presuntos cómplices en la malversación de más de 300 millones de dólares pidió a la Fiscalía General de la república (FGR) que le permita confesar su participación a cambio de una reducción en la pena a purgar.
Cindy Rivera, una de las abogadas del ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga, pidió a los jueces un «receso» para finalizar la negociación con la FGR.
La defensa de Rodríguez Arteaga busca que el imputado sea procesado también en un «juicio abreviado», en el que obtendrían una condena reducida a cambio de confesar los delitos de peculado y lavado de dinero.
Tania Pastor, otra de las defensoras de Rodríguez Arteaga, dijo a periodistas, tras la declaración de «receso», que buscan «llegar a un punto común en cuanto a la pena a aceptar» y que está no debe ser mayor a la de 5 años por cada delito.
Señaló que Rodríguez Arteaga en una primer momento había solicitado un trato similar, pero que el Ministerio Público no aceptó cambiar los delitos de peculado y lavado de dinero a otros con penas menores.
Añadió que los otros exempleados de la Presidencia procesados, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera, no tienen planificado solicitar nuevamente un trato similar y que «su deseo hasta ahora ha sido enfrentar el juicio» común.
En un movimiento legal inesperado, Saca y tres de sus excolaboradores aceptaron durante la primera jornada del juicio confesar -en fecha aún por establecer- en un «juicio abreviado» la forma en la que extrajeron y lavaron más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.
Una fuente dentro del tribunal descubrió que el acuerdo estipula que Saca y Charlaix purgarán una pena de 10 años de prisión, mientras que Rank y Funes solo serán condenados a cinco años de cárcel, sin la posibilidad de apelar ni recibir beneficios como la libertad condicional y deberán reintegrar parte de los fondos malversados.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortez, celebró el acuerdo alcanzado y calificó la futura condena de Saca como un «hecho histórico».
