El Ministerio Público de Guatemala pidió el miércoles al Supremo quitarle la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo tras acusarlo de autorizar pagos “ilegales” a constructoras.
“Se presentó a la Corte Suprema la solicitud de retiro de antejuicio en contra del señor presidente para ser investigado por abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y acciones violatorias de la Constitución, cuyo recurso puede llevar luego a quitarle la inmunidad”.
Rafael Curruchiche en conferencia de prensa
El antejuicio es el derecho de los funcionarios a no ser investigados hasta que un juez avale el inicio de las pesquisas. En el caso del presidente, la ley establece que si la Corte da luz verde al proceso, lo debe remitir al Congreso, que toma la decisión sobre la inmunidad.
El fiscal Curruchiche presentó pruebas de audio en las que se escucha al mandatario de izquierdas ordenando a la exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega los pagos de contratos a empresas supuestamente involucradas en hechos de corrupción.
“Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal”, reaccionó el gobierno guatemalteco en un mensaje enviado a los medios.
Si se abre una investigación penal contra el presidente, la fiscalía puede pedir una orden de prisión preventiva contra él y, si la justicia accede, le costaría el cargo, tal y como ya sucedió con el expresidente Otto Pérez Molina, que fue destituido por grabaciones de audio similares a las presentadas contra Arévalo.
El caso contra Arévalo se deriva de una denuncia presentada el 16 de julio por Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo.
“El señor presidente es la persona principal que fomenta la corrupción y fomenta la impunidad en Guatemala”, afirmó Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de casos de alto impacto.
El fiscal presentó un audio de una conversación en mayo entre Arévalo y la entonces ministra que fue divulgada por la prensa. En la conversación, el mandatario le notifica a Vega su destitución por no haber cumplido una orden de pago a empresas conforme a un listado ordenado por él.
A inicios de agosto, Arévalo confirmó la veracidad del audio y argumentó que los listados se elaboraron para pagar tras verificarse que las obras estuvieran en ejecución.
La semana pasada, el juez Fredy Orellana, también sancionado por Washington, envió prisión preventiva a Ligia Hernández, una funcionaria cercana de Arévalo por el proceso contra Semilla.
El martes, la fiscalía pidió quitar la inmunidad al secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, para investigarlo por supuesto abuso de autoridad en la destitución del jefe de un banco de capital mixto. Arévalo, en el poder desde enero, carece de facultades para remover a Porras, cuyo mandato culmina en mayo de 2026. Para poder destituirla, presentó una iniciativa de ley que le otorgue esa potestad, pero el proyecto está estancado en el Congreso y otros recursos le fueron denegados por la Corte de Constitucionalidad, máxima autoridad judicial de Guatemala.
