El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha emprendido la defensa de su proyecto de reforma constitucional, especialmente ante la comunidad internacional, con la que ya ha tenido desencuentros y es clave para sus planes de recuperación económica.
La propuesta amplía el mandato presidencial de cinco a seis años -para los sucesores de Bukele-, instaura la posibilidad de revocatoria al tercer año de gobierno y abre la puerta al matrimonio igualitario y al aborto terapéutico.
El texto contiene algunos derechos civiles demandados por la ciudadanía, pero el vicepresidente Félix Ulloa denuncia que «hay agendas ocultas, políticas, de querer afectar la imagen del Gobierno, sobre todo su imagen internacional» y que han emergido con la promoción de la reforma.
El Salvador levantó críticas internacionales luego de que el Congreso, de mayoría absoluta oficialista, destituyó, apenas inició su legislatura el 1 mayo, a los jueces de la sala constitucional y al fiscal general, con los que el presidente había tenido diferencias.
Así que el Gobierno decidió explicar el pasado viernes, «directa y oficialmente» al cuerpo diplomático, incluida la encargada de Negocios estadounidense, Jean Manes, detalles de la reforma a la Constitución, que data de 1983, en medio de la guerra civil (1980-1992).
En la agenda: recuperación y deudas
Las reuniones con diversos sectores comenzaron la semana pasada y, coincidentemente, se reportó una caída en los bonos salvadoreños al 2035, tal como ocurrió en mayo, cuando Washington y la Unión Europea calificaron la destitución de magistrados como una vulneración a la independencia de poderes.
«La preocupación de los mercados es porque nadie sabe hasta dónde quieren llegar en términos de cambiar las estructuras democráticas», comentó a periodistas el exembajador de El Salvador en Washington Rubén Zamora.
En julio, Moody’s bajó la calificación de los bonos salvadoreños a categoría «basura», en momentos en que el país, con una deuda externa sobre el 80% del PIB, busca un préstamo de 1.300 millones de dólares con el FMI para atender necesidades del presupuesto.
La reforma también contempla que la economía dolarizada de El Salvador acepte criptomonedas como el bitcoin, cuyo uso legal en el país inicia en septiembre y ha despertado incertidumbre.
Pese a la contracción de la economía en un 7,9% por la pandemia en 2020, el Banco Central espera un crecimiento del 9% en 2021.
«Toda reforma está sujeta a la aprobación exclusiva del presidente»
Una comisión liderada por el vicepresidente Ulloa debe entregar el proyecto de reforma el 15 de septiembre a Bukele, quien lo validará y enviará al Congreso, donde como acostumbran sus diputados se seguirán las órdenes del mandatario sin discutir siquiera.
En su reunión con los diplomáticos, Bukele explicó que la idea detrás del mandato presidencial de seis años es sincronizar los comicios presidenciales con los legislativos, que son cada tres años.
El actual presidente no se beneficiaría porque la reforma entrará en vigencia una vez que sea aprobada por dos congresos consecutivos, hacia 2027.
Ulloa explicó que para el referendo revocatorio habrá una Ley de Consultas Ciudadanas pero «en ningún caso servirá para prorrogar el mandato presidencial o permitir la reelección inmediata».
Sin embargo la iniciativa genera oposición. Nueve organizaciones de la sociedad civil rechazaron participar de las reuniones, temiendo que su presencia sea utilizada solo «para dar apariencia de legitimidad».
«Toda reforma está sujeta a la aprobación exclusiva del presidente, ratificando el origen vertical de esta iniciativa», detallaron en un comunicado.
Ulloa considera que la ausencia de las organizaciones es una muestra de «intolerancia», según las ONG´s el Gobierno solo busca legitimar una decisión ya tomada.
Bukele, de 40 años y en el poder desde 2019, capitalizó el descontento popular sobre los partidos tradicionales que gobernaron por tres décadas y desde mayo, que tiene el control del Congreso, mantiene una campaña mediática millonaria contra cualquier oponente que esta en desacuerdo con el.
Sus críticos lo tachan de autoritario, recordando que en febrero de 2020 acudió, flanqueado por militares armados, a la Asamblea Legislativa, entonces de mayoría opositora, para demandar la aprobación de un préstamo para seguridad ciudadana.
Para las ONG, vinculadas a transparencia y desarrollo social, no hay condiciones para que la reforma sea supervisada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema porque los magistrados nombrados por el Congreso afín a Bukele «carecen de legitimidad y no dan garantía de una revisión independiente».
Un paso al reconocimiento de derechos a homosexuales y al aborto
Algunos grupos saludan las propuestas sociales.
La reforma prohíbe la «discriminación por orientación sexual» y acepta la conformación de diferentes tipos de familia. Pasa a hablar de «cónyuges» en un matrimonio y ya no de «hombre y mujer».
La propuesta además reconoce «el derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante», lo que abre la opción para el aborto.
