Un colectivo de abogados de Nicaragua introdujo el jueves ante la Corte Suprema de Justicia un recurso legal contra la nacionalización del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, acusado de corrupción en su país, porque consideran que la decisión violó la Constitución local.
Los abogados, agrupados en el organismo Defensores del Pueblo, recurrieron de inconstitucionalidad contra nacionalización de Funes, con el argumento de que atenta contra los principios de justicia y derecho, consignados en la Constitución Política de Nicaragua, y viola la legislación correspondiente.
El representante de Defensores del Pueblo, Julio Montenegro, afirmó que el recurso se introdujo «por demandar al Estado (de Nicaragua), para que de esta manera cumpla con los requisitos y mandamientos que la ley establece», y revoque la nacionalización.
El 30 de julio pasado el Gobierno del presidente Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense a Funes, quien es acusado en El Salvador por la malversación de más de 351 millones de dólares, y quien difícilmente podrá ser extraditado, ya que las leyes locales impiden la entrega de un nacional a otro país.
Funes gobernó El Salvador entre 2009 y 2014 como integrante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido cercano al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lidera Ortega en Nicaragua.
El abogado José Antonio López recordó que, por ley, Funes no cumplía con los requisitos para optar a la nacionalidad nicaragüense, ya que esta exige que los aspirantes no tengan cuentas pendientes con la justicia en otros países, haber permanecido en Nicaragua por tres años como residente temporal y otros cuatro como residente permanente.
Según la información oficial, Funes permanece en Nicaragua desde 2016, recibió asilo político el 2 de septiembre, un día después de haberlo solicitado, y diez meses más tarde pasó a ser ciudadano nicaragüense.
De acuerdo con López, el expresidente Funes solamente podía optar a la nacionalidad nicaragüense en septiembre de 2023, siempre que no estuviera huyendo de la justicia salvadoreña.
Defensores del Pueblo reconoció que, debido a que la influencia de Ortega en todos los poderes del Estado, es poco probable que el recurso avance, pero se mostraron interesados en cumplir requisitos para ir a cortes internacionales.
El Gobierno de Nicaragua también otorgó la nacionalidad nicaragüense a la esposa de Funes, Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Funes Cañas.
El expresidente, junto con su hijo Funes Cañas, ya percibían salarios del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, que suman varios miles de dólares al mes.
Funes también es procesado en El Salvador por el supuesto pago de sobornos para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una represa, revelar un documento secreto del Gobierno de Estados Unidos y evasión de impuestos.