Reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) dieron cuenta de al menos 20 homicidios los primeros tres días de 2021.
La mayoría de los homicidios se registraron en los departamentos de San Salvador, Chalatenango, Sonsonate y Cabañas.
Sólo en el primer día del año se registraron diez asesinatos, siete el sábado y tres el domingo.
El hecho de mayor gravedad se produjo la madrugada del 1 de enero en la colonia La Clínica de Guarjila, en la localidad de Chalatenango, en el que murieron dos jóvenes y otros dos resultaron heridos.
Según autoridades, «un grupo de hombres con vestimenta oscura atacaron a las víctimas que celebraban la llegada del año nuevo». En el hecho murieron Edwin Josué Hernández Cruz y Óscar Arnulfo Hernández García, de 18 y 27 años, respectivamente.
Los jóvenes heridos fueron trasladados a un hospital de Chalatenango.
Tras el ataque, los supuestos responsables dejaron una nota en la que se leía: «Los narcotraficantes y pandilleros se mueren (Los Justicieros)».
Las autoridades de Seguridad del Gobierno no se han pronunciado al respecto y en su lugar siguen repitiendo, en el marco de una campaña política por alcaldes y diputados, que los homicidios han bajado durante la Administración de Nayib Bukele, que tomo posesión el 1 de junio de 2019.
El Salvador cerró 2020 con 1.322 homicidios, aproximadamente un 45 % menos que los que se registraron en el 2019, informó recientemente la Presidencia.
La fuente, que retoma las estadísticas de la PNC, señaló que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 hubo 1.322 homicidios en el territorio nacional, con un promedio de 3,67 muertes diarias.
Indicó que la cifra está por debajo de la registrada en el mismo período de 2019, cuando se cometieron 2.398 homicidios, con un promedio diario de 6,6 homicidios, cifras menores a los 7 muertos en promedio los primeros 3 días de 2021.
El publicitado descenso de la violencia homicida en El Salvador, capitalizado por el Gobierno de Bukele como su principal logro en poco más de un año en el poder, se encuentra en entredicho luego de que investigaciones periodísticas lo atribuyen a un pacto entre el Gobierno de Nayib Bukele y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), datos apoyados en documentos oficiales del propio Gobierno.