El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en El Salvador, una organización de víctimas de la guerra civil (1980-1992) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y a más de 100 exguerrilleros por los crímenes que cometieron durante el conflicto armado.
El representante del Colectivo, Férman Álvarez, dijo a periodistas que ninguno de los miembros de la comandancia de la exguerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder, «ha sido castigado y hay impunidad».
Detalló que además de Sánchez Cerén -que comandó al principal grupo armado de los 5 que constituyeron al FMLN en 1980- las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) también han pedido se investigue al vicepresidente Óscar Ortiz.
Entre los más de 100 exguerrilleros, que buscan que sean investigados, se encuentran Sigfrido Reyes y Lorena Peña, quienes presidieron la Asamblea Legislativa en los períodos 2011-2015 y 2015-2016.
Reyes actualmente es presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa) y «embajador en misión especial», mientras que Peña será diputada al menos hasta abril de 2018.
En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló una ley de amnistía que bloqueaba los procesos judiciales e investigaciones por los crímenes cometidos durante la guerra interna.
Dicha resolución ha permitido la reapertura del proceso contra la cúpula del Ejercito por la muerte de campesinos, colaboradores o miembros de la entonces guerrilla en 1981 en El Mozote, el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero y contra tres guerrilleros por la ejecución de dos militares estadounidenses en 1991.
Por los 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos que dejó la guerra, librada entre el Ejército, financiado por EE.UU., y la guerrilla, apoyada por la Unión Soviética, Cuba y el pleno respaldo del régimen sandinista de Nicaragua, solo el coronel Guillermo Benavides cumple 30 años de prisión por la matanza de seis padres jesuitas en 1989.
Al vicepresidente Oscar Ortíz se le atribuye ser uno de los principales hechores de varios asesinatos selectivos de los Comandos Urbanos.
Sánchez Cerén, comandante entonces de las FPL y jefe inmediato del genocida Mayo Sibrián habría sido responsable de meas de mil asesinatos de guerrilleros en varias “purgas” guerrilleras, entre ellas el asesinato de las hermanas Pocasangre, múltiples secuestros y ejecuciones sumarias.
