El Salvador se encuentra en régimen de excepción desde el último fin de semana de marzo, después de que una ola de violencia se cobró la vida de 87 personas en tres días.
Las detenciones bajo este régimen, aprobado en la Asamblea Legislativa y que Bukele dice que mantendrá hasta terminar la «guerra» contra las llamadas maras, han superado las 43.000.
Organismos humanitarios han recabado más de 3.000 denuncias de atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias y existe el temor, tras la declaración del mandatario, de que éstas también se incrementen.
Alejandro Díaz, abogado de la organización Tutela Legal «María Julia Hernández», dijo el miércoles que lo que les «preocupa es que claramente habrán este tipo de situaciones arbitrarias o detenciones injustas».
«No deben de seguirse dando porque para eso están las instituciones que deben investigar» y «no hacer redadas esperando que todos sean responsables», respondió a preguntas de periodistas.
Agregó que las instituciones estatales deben «ayudar a estas personas» detenidas que no pertenecen a las pandillas y también actuar para «llevar a la Justicia» a los responsables de crímenes.
Díaz dijo estas palabras tras la presentación de al menos 15 habeas corpus ante la Corte Suprema por familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción.
URGE RESPUESTA CON «SERENIDAD»
Celia Medrano, excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó a que en El Salvador «urgen liderazgos con capacidad de responder con inteligencia y serenidad ante una crisis en lugar de atizar las condiciones de violencia estructural y criminalidad organizada que arrastramos».
«Es preocupante observar en cadena nacional a un Presidente desencajado que empieza a darse cuenta que, a casi tres meses de insistir con una medida extrema como el régimen de excepción, no han garantizado evitar la muerte de efectivos policiales cuando estos se encuentran con grupos reales de criminalidad», agregó.
A su juicio, el presidente Bukele «evidencia poco control ante un hecho de violencia y recurre nuevamente a una narrativa violenta, anunciando más violencia».
«Continúa invocado a una guerra de la que solo se beneficia él y sus allegados, pero cuyas consecuencia pagan las personas más empobrecidas y marginadas», sostuvo Medrano.
Por su parte, Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, señaló que las declaraciones de Bukele «evidencian» que «el régimen de excepción no ha tenido los efectos que se ha vendido por parte del Gobierno».
«Supuestamente tienen el control de los territorios, tanto con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, y todavía siguen pasando hechos lamentables, como el asesinato de estos policías», subrayó.
El régimen de excepción suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa, y amplía el periodo de detención hasta un máximo de 15 días, cuando normalmente es de 3.
