Los 67 diputados de la Asamblea Legislativa alineados a la presidencia de la República aprobaron el miércoles la decimosexta segunda prórroga a un régimen de excepción que esta por cumplir un año.
El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, se aprobó inicialmente a finales el 27 marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
La solicitud de ampliación fue presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro acompañado por el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza y fue aprobada por los legisladores del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados.
La extensión de la medida, a la que el Gobierno de Bukele llama «guerra contra las pandillas», se aprobó sin estudio o debate legislativo.
Con el régimen, está suspendida la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, y el derecho a contar con la asistencia de un abogado. El estado de excepción, además, amplió de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
De acuerdo con las cifras oficiales, son cerca de 66.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros, y habrían sido puestas en libertad condicional unas 3.300 que eran inocentes de los cargos de los que se les había acusado.
Organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.
