Nicaragua está obligada por al menos dos convenios internacionales a entregar a la justicia salvadoreña al expresidente Mauricio Funes Cartagena, quien está acusado de varios delitos comunes cometidos durante su administración y quien se encuentra en Managua bajo la protección del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega.
La justicia salvadoreña emitió esta semana una orden de captura nacional e internacional contra Funes, protagonista del mayor desvío de fondos en la historia de El Salvador, que ascendió a 351 millones de dólares, cometido durante su administración, entre 2009 y 2014 bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El periódico nicaragüense La Prensa informó este viernes que Managua firmó y ratificó dos convenios internacionales que obligan al gobierno a extraditar a Mauricio Funes, quien se encuentra refugiado en Nicaragua desde 2016, junto con su cónyuge Ada Michell Guzmán (alias «La Michy») y dos de sus hijos.
Funes está acusado de una serie de cargos por corrupción como peculado (apropiación indebida de recursos públicos); lavado de dinero y otros activos, así como del desvío de fondos de las arcas del Estado para compras millonarias de residencias, terrenos, vehículos y negocios, además de relojes y otros artículos de lujo, utilizando prestanombres.
Además del pago de tratamientos y productos de belleza, así como cirugías estéticas, que habrían beneficiado a Michell Guzmán, con el erario público.
El Juzgado Quinto de Paz en San Salvador giró la orden de captura el pasado miércoles para Funes y otros 14 implicados, entre los cuales se encuentran su actual compañera de vida, «La Michy», una exesposa del expresidente, algunas examantes, algunos de sus hijos, amigos, familiares y funcionarios de su gestión.
La orden de captura se dirigió a las instancias pertinentes salvadoreñas e internacionales, como la Interpol, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) espera el tramite de una solicitud de extradición para cada uno de los implicados en el caso de desvío de fondos que estén en otros países.
En un artículo, La Prensa hizo referencia al Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada, que sería el instrumento legal que la Fiscalía salvadoreña use para solicitar la detención y entrega de Funes, a quien el gobierno de Ortega concedió asilo como “perseguido político” en El Salvador.
El exmandatario también puede ser extraditado bajo el amparo del Convenio Interamericano contra la Corrupción, ratificado por Nicaragua desde 1999, debido a los delitos de peculado y lavado de dinero y activos en perjuicio de la administración pública que se le imputan, los que son delitos comunes.
Managua, aliado histórico del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que llevó a Funes al poder en 2009, también otorgó asilo a Michell Guzmán y a sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, contra quienes también se emitió orden de captura.
Por el momento, el gobierno nicaragüense no ha comentado nada sobre el caso de Funes. Sin embargo, este viernes movimientos de la sociedad civil se manifestaron frente a la embajada de Nicaragua en San Salvador para exigir la extradición del expresidente.
“El asilo político no está diseñado para encubrir a personas procesadas o imputadas en delitos penales”, advierte una carta que presentaron a la embajada.
