«Juramos defender lo conquistado, luchar pacíficamente contra todo enemigo, obstáculo, barrera, juramos defender nuestras futuras conquistas, juramos que estaremos juntos y no nos dejaremos solos. Nadie se interpondrá entre Dios y el pueblo», hizo jurar el presidente Nayib Bukele a sus diputados en la Asamblea Legislativa (Congreso unicameral) y a los miembros de su Gobierno.
El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo el martes que “mientras Dios le dé fuerza” El Salvador no va a regresar al pasado, pese a las fuertes críticas de la comunidad internacional por la concentración de poder del mandatario, consolidada cuando la nueva Asamblea Legislativa, controlada por su partido Nuevas Ideas, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal General.
En un discurso, que de acuerdo a ley debió ser de rendición de cuentas, por el cierre de su segundo año de mandato, Bukele juró junto a sus seguidores defender lo conquistado contra todo enemigo y los exhortó a luchar contra el “aparato ideológico” controlado por grupos de la “oligarquía” que por décadas ha controlado los destinos del país.
“Nunca más vamos a regresar al sistema que nos hundió en la delincuencia, en la desigualdad y la pobreza. ¡Nunca más! Mientras Dios me dé fuerzas no lo voy a permitir”, dijo Bukele en su discurso en la Asamblea Legislativa mientras los 56 diputados del partido Nuevas Ideas y sus aliados le aplaudían sin parar.
Bukele llegó a la Asamblea Legislativa para rendir constitucionalmente cuentas de su segundo año de mandato, durante una sesión solemne a la que fueron invitados miembros del cuerpo diplomático y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, se trató de un discurso de propaganda de Estado al estilo nazi, de la Alemania de los años 30 y 40´s.
Durante su discurso, el mandatario responsabilizó a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que gobernaron el país en los últimos 30 años, por la alarmante delincuencia, la corrupción, la desigualdad y la pobreza.
“Lo vivimos con la derecha que tenía detrás a la oligarquía, y con la izquierda, que supuestamente venía del pueblo, y terminó sirviendo a esa misma oligarquía. Con el tiempo descubrimos que eran dos caras de la misma moneda”, afirmó.
Bukele dijo que cuando ganó la presidencia el 3 febrero de 2019, “sin derramar ni una sola bala, sin derramar una sola gota de sangre, como lo intentaron en la guerra civil”, los salvadoreños le dieron el mandato de “cambiar nuestro país, pero esta vez de verdad”.
Los cambios a los que se refiere Bukele se profundizaron cuando el 1 de mayo se instaló la nueva Asamblea Legislativa controlada por su partido Nuevas Ideas. De un plumazo, los legisladores destituyeron a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General. La misma noche eligieron y juramentaron a los sucesores, todos afines al Presidente.
La decisión provocó condenas en el país y de la comunidad internacional. Horas después de una reunión “cordial”, el enviado especial de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, que en pocos días visitó dos veces el país, criticó fuertemente la decisión de los diputados y recomendó restaurar la situación anterior.
Pero Bukele respondió en su cuenta oficial de Twitter: “Para las voces que aún piden que volvamos al pasado. Con mucho respeto y cariño: Los cambios que estamos realizando son IRREVERSIBLES. No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañen, pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones”.
En respuesta a las destituciones, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) informó que retiraba el apoyo de asistencia a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Policía Nacional Civil y al Instituto de Acceso a la Información Pública, y que toda esa ayuda se entregaría a organizaciones de la sociedad civil, que no favorecen a Bukele.
Bukele aseguró que El Salvador ha entrado en una «nueva etapa» y que debe vencer al «aparato ideológico» de antiguos Gobiernos, no entró en detalles ni explicó si esto implica buscar la reelección.
La Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata y la jurisprudencia constitucional establece que un presidente solo puede buscar un nuevo mandato 10 años después de salir del Ejecutivo.
Bukele, al criticar a las administraciones anteriores, dijo que el país tuvo una «democracia falsa», a pesar de que ese mismo sistema fue el que le permitió llegar a dos alcaldías y al Ejecutivo en junio de 2019.
Añadió que hasta antes de su llegada al poder «todo era un teatro» y era «cinismo e hipocresía».
Un discurso sin rendir cuentas
El cierre de su segundo año en el poder es la primera vez que el mandatario se presentó al Congreso para rendir cuentas sobre su gestión, pero en su discurso se limitó a criticar a sus adversarios, a la comunidad internacional y fue escueto en mencionar las acciones que en su Gobierno se han implementado.
Dijo que El Salvador ha dejado de ser uno de los países más violentos del mundo y que en medio de la pandemia se rompió la brecha digital.
De acuerdo con cifras del Gobierno, El Salvador registra una sensible baja en los homicidios y atribuye esto a un plan de Control Territorial, cuyo contenido no se conoce.
El presidente tampoco hizo referencia en su discurso, de poco más de 30 minutos de duración, a la situación de derechos humanos, transparencia, lucha contra la corrupción y la separación de poderes.
A criterio de diversos sectores, en estos temas el país ha registrado retrocesos en los últimos dos años.
Bukele, quien llegó al poder bajo la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), destacó que la Asamblea Legislativa, el pasado 1 de mayo cuando tomó posesión, votó por destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara.
A juicio de Bukele, estos funcionarios removidos respondían a supuestos intereses de su adversarios.
Estas destituciones encendieron las alarmas de la comunidad internacional, que señaló que representan un golpe a la independencia de poderes.
Estados Unidos es uno de los principales críticos de la medida y ha señalado que es necesario revertirla, por lo que la relación con el Gobierno salvadoreño se ha tensado.
UNA «NUEVA ETAPA»
«Este día inicia una nueva etapa para nuestro país» en la que «los salvadoreños tenemos que decidir liberarnos del yugo de los poderes fácticos que con su aparato ideológico han gobernado desde atrás siempre», apuntó Bukele, quien aseguró que no responde a ninguna «oligarquía».
Bukele pidió a los diputados y a un grupo de personas que llegaron al Parlamento a ponerse en pie y jurar «defender lo conquistado, luchar pacíficamente contra todo enemigo, contra todo obstáculo, contra toda barrera».
COMUNIDAD INTERNACIONAL Y ADVERSARIOS «NO ENTIENDEN»
El mandatario aseguró que detrás de su Gobierno «no hay grupos de poder dándole ordenes y diciéndole lo que tiene qué hacer», como, según Bukele, los tenían los presidentes anteriores, en referencia a sus antecesores de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
«Detrás de este presidente, y eso nadie lo puede negar, no hay una oligarquía, no hay juntas militares, ni muchos menos una comandancia guerrillera dándole ordenes y diciéndole lo que tiene que hacer como sí lo hicieron con todos los presidente anteriores», expresó.
Sin embargo, de acuerdo con Bukele, sus «adversarios» y «algunos» en la comunidad internacional «se confunden y no entienden a quien representamos, es extraño para ellos ver a un Gobierno no que representa a ningún grupo de poder fáctico, más que al pueblo mismo».
«Es extraño para ellos que detrás de este Gobierno no haya nadie dando órdenes (…) este gobernante que tienen acá, sí tiene un grupo de poder detrás de él, pero ese grupo de poder se llama pueblo salvadoreño», subrayó.
La última vez que el presidente Bukele llegó a la sede el Congreso fue el 9 de febrero de 2020 cuando ingresó escoltado por militares y policías armados con fusiles para, según reconoció más adelante, presionar a los legisladores para la aprobación de un préstamos millonario.
