La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que no tiene la información patrimonial de todos los ministros del presidente Nayib Bukele, según una resolución difundida el miércoles por el no gubernamental Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción en El Salvador (ALAC).
La entidad señaló que la resolución es la respuesta a una petición para obtener la versión pública de las declaraciones de patrimonio de cuatro ministros del Ejecutivo de Bukele realizada en agosto pasado a la Unidad de Acceso a la Información de la CSJ.
Sin embargo, la respuesta de la Sección de Probidad de la Corte Suprema fue que «ninguna institución (de Gobierno) los ha reportado como obligados a presentar su respectiva declaración jurada de patrimonio» y «por eso no se entregan, ya que es información inexistente».
El artículo 17 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito establece que la Corte Suprema impondrá multas de hasta 571.42 dólares a «los funcionarios y empleados públicos que omitieren hacer la declaración en el término indicado y les fijará un nuevo plazo prudencial para que lo efectúen».
Si lo anterior no se cumple, el funcionario o empleado público «cesará en su cargo» si dentro de plazo prudencial no declara en forma legal el estado de su patrimonio.
La ALAC señaló en su Twitter que información del patrimonio «permitió identificar casos de corrupción como los de los expresidentes Funes y Saca».
Mauricio Funes (2009-2014), asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016 y que recibió la nacionalidad de ese país en 2019, es procesado junto a más de 30 personas, incluidos algunos familiares, por el supuesto desvío y lavado de más de 351 millones de dólares.
Por su parte, Elías Antonio Saca (2004-2009), el primer expresidente de la democracia salvadoreña en ser condenado por corrupción, purga una pena de 10 años de prisión que recibió en septiembre de 2018 por desviar y lavar más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal durante su gestión.
Saca y Funes, según el Ministerio Público, utilizaron esquemas similares para apropiarse del dinero mediante una cuenta de «gastos reservados» que sirve para canalizar el gasto de la inteligencia estatal.
Desterrar la corrupción de la administración pública se convirtió en un punto de honor en la agenda de Bukele durante la campaña electoral, en la que criticó constantemente a los partidos de sus adversarios por su supuesta relación con casos de malversación de fondos públicos.
Sin embargo, ahora los salarios de los funcionarios del Ejecutivo son «secreto de Estado».
