La reciente reducción de impuestos a algunas bebidas alcohólicas aprobada por la Asamblea Legislativa abre un nuevo frente de debate fiscal: mientras el Gobierno argumenta que la medida dinamizará el comercio formal y reducirá el contrabando, economistas y salubristas advierten sobre el impacto en el erario y en el gasto público en salud.
¿Qué impuesto se reduce y qué implica?
En El Salvador, las bebidas alcohólicas están gravadas por dos vías principales:
- Impuesto específico (ad valorem o por volumen/alcohol puro) regulado en la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13 %, que se mantiene.
La reforma aprobada reduce la carga del impuesto específico, lo que impacta directamente la recaudación del fisco. Aunque el Ministerio de Hacienda no ha divulgado aún una proyección oficial consolidada de pérdida tributaria anual, estimaciones preliminares de analistas privados sitúan el costo fiscal en decenas de millones de dólares anuales, dependiendo del comportamiento del consumo y de la elasticidad del mercado.
Impacto en el erario público
Los impuestos al alcohol forman parte de los llamados impuestos selectivos al consumo (ISC), que también incluyen gravámenes al tabaco, bebidas azucaradas y combustibles. Estos tributos tienen doble función: recaudatoria y de salud pública (desincentivar el consumo nocivo).
Si la reducción impositiva no se compensa con mayor volumen de ventas formales —como sostiene el Ejecutivo—, el Estado enfrentaría una merma directa en ingresos corrientes, que se destinan a financiar gasto social, transferencias y funcionamiento institucional.
En un contexto donde el país mantiene compromisos fiscales derivados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y metas de consolidación fiscal, cualquier reducción tributaria permanente puede tensionar el cumplimiento de objetivos de déficit y sostenibilidad de deuda.
¿Qué otros ingresos podrían sacrificarse?
Cuando disminuye un impuesto específico sin medidas compensatorias, el efecto suele trasladarse a tres escenarios:
- Mayor presión sobre otros impuestos indirectos, como el IVA, que impactan más al consumidor final.
- Ajustes o contención del gasto público, especialmente en inversión o programas sociales.
- Mayor endeudamiento, si el faltante no se cubre con crecimiento económico suficiente.
Hasta el momento, no se ha anunciado un esquema de compensación fiscal específico vinculado a la reducción del gravamen sobre licores.
Posible costo en Salud Pública
Desde la perspectiva sanitaria, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan mantener o incrementar impuestos al alcohol como herramienta de política pública para reducir enfermedades asociadas al consumo excesivo.
En El Salvador, el consumo problemático de alcohol está vinculado a:
- Enfermedades hepáticas crónicas
- Accidentes de tránsito
- Violencia intrafamiliar
- Carga hospitalaria en emergencias
El sistema público, encabezado por el Ministerio de Salud de El Salvador, absorbe la mayor parte de los costos de atención derivados de estos padecimientos. Aunque no existe una cifra oficial desagregada reciente del costo sanitario atribuible exclusivamente al alcohol, estudios regionales estiman que el gasto en salud asociado puede representar entre 1 % y 2 % del PIB en países de ingresos medios cuando se suman costos directos e indirectos.
Si una reducción de impuestos conduce a mayor accesibilidad y consumo —escenario que economistas llaman “elasticidad precio-demanda”—, el Estado podría enfrentar mayor presión presupuestaria hospitalaria en el mediano plazo, lo que neutralizaría parte del beneficio económico buscado con la medida.
Argumentos oficiales y del sector privado
El Ejecutivo y representantes de la industria sostienen que la reducción:
- Incentivará la formalización del mercado.
- Combatirá el contrabando.
- Aumentará la competitividad frente a países vecinos.
- Podría elevar la recaudación vía mayor volumen de ventas.
Sin embargo, expertos fiscales advierten que ese efecto depende de la magnitud del recorte y del comportamiento real del mercado, factores que solo podrán medirse con datos de recaudación de los próximos trimestres.
Balance económico
La medida coloca al Gobierno ante un delicado equilibrio: estimular actividad económica sin debilitar la base tributaria estructural. En un país donde los impuestos indirectos representan una parte sustancial de los ingresos públicos, cualquier ajuste en gravámenes selectivos tiene repercusiones que van más allá del sector beneficiado.
El impacto final dependerá de tres variables clave:
- Comportamiento del consumo interno.
- Evolución de la recaudación total del ISC.
- Costos adicionales en salud pública y seguridad vial.
En el corto plazo, el efecto será principalmente fiscal. En el mediano, podría convertirse en un debate sobre prioridades presupuestarias y sostenibilidad del gasto social.
