El Instituto de Medicina Legal (IML) evaluó el miércoles al principal mediador de la polémica tregua entre las pandillas (2012-2014), Raúl Mijango, quien supuestamente padece una afección renal y esofágica, por lo que se ausentó casi una hora de la sala donde enfrenta un juicio.
Mijango aseguró a la prensa que el juzgado autorizó su salida para la revisión para que el IML determine si necesita o no un «tratamiento ambulatorio» en un hospital que ha solicitado para atender la insuficiencia renal que padece y otros achaques derivados de esta.
«Yo le he expresado al juez que mi decisión hasta el momento en el que físicamente ya no pueda» es seguir afrontando el proceso, señaló cuando regresó a la sala, y explicó que en la actualidad no consume alimentos sólidos por una «quemadura en el esófago», por lo que ha perdido unas 30 libras de peso en los últimos días.
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador instaló un juicio el pasado lunes, que se espera que dure un máximo de 10 días, contra 18 personas por los supuestos delitos cometidos en las prisiones al dar prebendas a los pandilleros a cambio de bajar la cifra de homicidios y así favorecer el Gobierno del expresidente efemelenista Mauricio Funes Cartagena (2009-2014).
Entre los delitos atribuidos a los procesados están los de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos al interior de las cárceles, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
El fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró en mayo de 2016 que durante la tregua «funcionarios y empleados públicos se valieron de sus cargos para cometer diversos delitos» y «como producto de estas negociaciones con criminales se generó corrupción al romper la legalidad del sistema penitenciario».
A dicho armisticio las autoridades atribuyeron como “logro” del Gobierno una significativa reducción de los asesinatos entre 2012 y 2013, pero a partir de su ruptura, el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.
El entonces ministro de Justicia y actual de Defensa, David Munguía; el exdirector de la Policía y del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) Francisco Salinas, que testificó en el juicio, y el secretario general del FMLN, que llevó a Mauricio Funes al poder, Medardo González, sostienen que la tregua fue una política pública.
Mientras que el obispo castrense, Fabio Colindres, que fue de los primeros mediadores en la tregua y luego sacado del proceso, testificó que la misma se dio por «invitación» del Gobierno de Funes (2009-2014) y no por iniciativa de las pandillas, como insiste aseverar Funes desde su escondite en Nicaragua.
Funes, actualmente asilado en Nicaragua, aseguró este martes que «Colindres miente», porque «la tregua fue una iniciativa de cabecillas de pandillas y fue acompañada y facilitada por el Gobierno y la sociedad civil».
