La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC), máximo tribunal, ordenó el sábado garantizar la toma del poder del presidente electo, Bernardo Arévalo, acosado por una serie de acciones judiciales que obstaculizan su investidura en enero próximo.
En su resolución, la CC pidió «preservar el régimen democrático del Estado, especialmente la alternabilidad en el ejercicio del poder», en la fecha prevista del 14 de enero, tras las elecciones generales disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.
El fallo de la Corte, divulgado en su cuenta en la red X (antes Twitter), se produce luego de cinco días de protestas de fuerzas indígenas de izquierdas con bloqueos de carreteras que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios, acusados por Arévalo y sus seguidores de orquestar un «golpe de Estado».
La CC emitió su resolución en respuesta a un recurso legal promovido por diez abogados de la sociedad civil, que aseguraron que existe una «amenaza de que no se respete la voluntad popular válidamente expresada por el pueblo de Guatemala».
«Esta Corte hace un llamado a gobernantes y gobernados a ejecutar sus facultades y ejercer sus derechos de manera tal para que la transición prevista en la Constitución se consolide en el marco de un orden institucional estable que previó el Constituyente», agregó.
Arévalo, de 64 años, ganó sorpresivamente las elecciones en segunda vuelta el 20 de agosto ante la exprimera dama Sandra Torres, cercana a la poderosa élite empresarial aliada del gobierno, en una justa que podría ser ilegal por fraude cometido por el movimiento que lleva a Arévalo al poder.
Desde la primera ronda electoral, en junio, la fiscal general, apoyada por el jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana -obedeciendo una serie de denuncias por posible fraude en la inscripción de Semilla y en el recuento de los votos- emprendieron una serie de acciones contra Arévalo y su movimiento político.
El juez Orellana, a pedido de Curruchiche, inhabilitó a Semilla por presuntas ilegalidades en su conformación en 2017, una medida que puede cobrar vigencia el 31 de octubre.
