3,319 menores de edad fueron detenidos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023 en el marco del régimen de excepción en El Salvador, señala un informe de la organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ―que cita datos oficiales.
El informe, divulgado el martes, señala que, de esa cifra, 841 permanecían detenidos en enero pasado, de los cuales 262 estaban en detención provisional y 579 cumpliendo condena. Agrega que las cifras fueron compartidas por el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) «a las autoridades de Estados Unidos».
Según el estudio, muchos de los detenidos y encarcelados no tenían vínculos aparentes con pandillas, sin embargo, la organización internacional indica que los detenidos, a los que las autoridades vinculan con las pandillas, han sido sometidos a condiciones deplorables de detención que han incluido, en ocasiones, hacinamiento y falta de alimentación y atención médica adecuados, así como contacto con abogados y familiares.
Agrega que, en varios casos, los menores han sido detenidos junto con adultos durante los días iniciales de su arresto y que “muchos han sido condenados por delitos definidos de forma amplia y en juicios con violaciones al debido proceso”.
“Los menores fueron recluidos en condiciones deplorables, incluyendo hacinamiento, falta de acceso a alimentación y atención médica adecuados y contacto familiar”, indica el informe, que según HRW está basado en decenas de entrevistas y revisión de expedientes judiciales, historiales médicos, educativos y penales.
Para el informe “‘Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador”, Human Rights Watch señala que entrevistó a más de 90 personas en El Salvador entre junio de 2023 y julio de 2024 y que visitó comunidades en varios departamentos entre septiembre y diciembre de 2023.
HRW recomienda al Gobierno establecer un mecanismo que priorice la revisión de los casos de los menores detenidos durante el régimen de excepción para poder liberar a quienes fueron capturados sin pruebas en su contra. También enfatiza que el Gobierno debe poner fin a la tortura, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas en detención, entre otras medidas.
