«Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa (…) es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa».
Así se pronunció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, cuyos magistrados fueron destituidos el sábado tras una votación en el Congreso que ahora controla por mayoría el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele.
La polémica votación provocó un torrente de condenas nacionales e internacionales del más alto nivel por quienes consideran que la decisión atenta contra la independencia de poderes de los órganos del Estado y carece de respaldo legal.
Bukele tuvo públicos enfrentamientos con los magistrados de la CSJ después de que resolvieran recursos en contra de algunas medidas que él intentó adoptar durante la pandemia. En abril del año pasado, por ejemplo, llegó a anunciar que no acataría una sentencia relativa a los confinamientos forzosos para quienes no cumplían la cuarentena.
Pero el sábado, Bukele defendió la votación de los diputados apuntando al artículo 186 de la Constitución salvadoreña que contempla que la Asamblea Legislativa puede destituir a los magistrados «por causas específicas, previamente establecidas por la ley» si la iniciativa cuenta con el apoyo de dos tercios de los diputados.
Los congresistas que apoyaron la destitución, que fue aprobada por mayoría absoluta (64 de 84 votaron a favor, incluyendo a todos los diputados del partido de Bukele y de otras formaciones aliadas), aseguraron que los magistrados «actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población».
Del mismo modo, le dieron luz verde a destituir al fiscal general, Raúl Melara, de quien dijeron que tiene «vínculos» con el partido opositor ARENA que pondrían en tela de juicio su independencia, aseguraron.
Bukele también mantuvo diversos encontronazos con Melara a raíz de sus decisiones al frente de la Fiscalía, muchos de ellos públicos entre ambos a través de Twitter.
¿Qué dijeron la Sala de lo Constitucional y el fiscal general sobre sus destituciones?
Tras la votación en la Asamblea, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución para declarar la destitución de sus magistrados «inconstitucional, debido a que viola la independencia judicial».
El organismo argumentó que «con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el órgano Ejecutivo y Legislativo», la decisión de los diputados «incide negativamente en el control del ejercicio del poder» que efectúa la Sala de lo Constitucional.
La Sala aseguró que la destitución «no está precedida por las garantías procesales necesarias para asegurarla», e incluso si hubiese contado con un proceso previo, «afecta la dimensión externa de dicho principio formal, que exige la ausencia de presiones por parte de los demás órganos del Estado».
«La falta de beneplácito del órgano Ejecutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta sala, es decir, una coacción», se lee en el texto.
Pese a esta resolución, los diputados eligieron la misma noche del sábado a cinco magistrados sustitutos y al nuevo fiscal, quienes custodiados por agentes policiales ingresaron a las instalaciones de la CSJ y al edificio del Ministerio Público, respectivamente.
«En realidad ya estaban destituidos cuando emitieron esa resolución (que además no tiene ni firmas, ni sellos, ni comunicación oficial)…», tuiteó Bukele para restar importancia al posicionamiento de la Sala de lo Constitucional.
Horas después, Aldo Cader Camilot y Marina Marenco de Torrento —dos de los magistrados de la CSJ destituidos— publicaron sus cartas de renuncia en las que aseguraron que nunca han estado vinculado ni han respondido a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.
En la tarde del domingo, las redes sociales de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ mostraron ya sus primeros cambios al eliminar la resolución de los magistrados destituidos y publicar una primera foto de los cinco nuevos titulares.
En la noche del domingo, el destituido Raúl Melara dijo que su expulsión fue «inconstitucional» y «carece de validez jurídica», pero también anunció su renuncia irrevocable al cargo de fiscal general por «el bienestar de su familia» y por no poder contar «con las garantías necesarias» para ejercer.
«He tenido una larga trayectoria jurídica que evidencia mi honestidad y capacidad», dijo en un comunicado para rechazar los señalamientos en su contra.
Además, aseguró que durante su trabajo como fiscal demostró la «objetividad y probidad que requiere dicho cargo», que realizó sus labores «de representante de los intereses del Estado y de la sociedad, siempre apegado al Derecho» y que durante su gestión se procesó a las personas «sin importar ningún interés».
