La decadencia o ausencia de la democracia liberal continúa siendo un reto en América Latina.
Sin embargo, en el caso de Centroamérica y México, la democracia liberal se enfrenta a una cuestión de orden básico dados los altos niveles de criminalidad existentes.
El Salvador es un ejemplo en el que vemos un gobierno que intensifica su antiliberalismo en nombre del orden y la seguridad.
Hoy en día, la presencia de cárteles de la droga, pandillas violentas y otras formas de crimen organizado y no organizado han desafiado la soberanía del Estado. Cárteles en cooperación con pandillas y otras entidades criminales cuentan con mejor organización y más recursos que el estado. Cooptan a las fuerzas del orden, a los funcionarios del gobierno, a los legisladores y a otros componentes de la estructura estatal. La delincuencia intimida y chantajea a ciudadanos y funcionarios públicos. Soborna, amenaza y asesina a jueces, políticos y policías.
Esto deja al estado incapaz de ejercer autoridad y gobernar.
Bajo estas circunstancias, la democracia no puede sostenerse salvo como una fachada.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha aprovechado la frustración generada por los políticos de los dos partidos tradicionales. Bukele apeló al resentimiento de la gente por la corrupción de los partidos tradicionales y con su promesa de combatir el crimen.
Una vez en el poder, Bukele procedió a luchar contra el crimen, particularmente las pandillas. Estas bandas han realizado extorsiones y forzado “impuestos”, afectando principalmente, pero no solamente, a pequeñas empresas. Las pandillas también cometen múltiples asesinatos aterrorizando a una población cada vez más estremecida.
De hecho, la guerra de Bukele contra el crimen ha encarcelado a muchos criminales, pero también a ciudadanos inocentes. El gobierno salvadoreño reprimió con un gran pincel al permitir perfiles aleatorios. Bukele también asaltó al poder judicial destituyendo a jueces y fiscales incluso cuando enjuiciaron con éxito a políticos corruptos, incluidos varios ex presidentes. Además, subyugó al poder legislativo estableciendo así el control absoluto del Estado.
Desde que declaró el estado de emergencia en marzo de 2022, el gobierno salvadoreño ha arrestado a más de 80.000 personas, la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Bukele también suspendió los derechos civiles y ha detenido personas por el solo hecho de violar el toque de queda o lucir tatuajes. El estado de derecho está efectivamente muerto ahora, y las fuerzas de seguridad son libres de actuar como mejor les parezca.
Todas estas medidas podrían tener graves consecuencias en un orden nacional constitucional liberal post-Bukele.
El crimen transnacional efectivamente se ha convertido en un problema importante en América Latina. Como ha señalado el académico latinoamericano Eduardo Gamarra en el prólogo de un libro publicado recientemente, “la principal amenaza para la democracia es la expansión del crimen organizado transnacional (CTO) que no solo corrompe a los funcionarios del gobierno, sino que también penetra en los estados. (Por lo tanto) … es difícil discernir dónde termina el crimen organizado y dónde comienza el Estado”.
Asimismo, la violencia generada por el CTO produce altas tasas de homicidio y como consecuencia, también una migración masiva hacia el norte.
La mayoría de los salvadoreños piensa que las políticas de Bukele les brinda seguridad y algunos aceptan la inevitabilidad de las violaciones de los derechos civiles y el debilitamiento de las instituciones legales.
De hecho, la democracia liberal no puede sobrevivir donde existen la violencia y la anarquía, y el CTO ha colonizado el estado. Por lo tanto, restablecer el orden es, sin duda, una prioridad. En ese sentido, el planteamiento de Bukele es en principio adecuado.
La gran pregunta es si tal política eliminará el crimen transnacional en suelo salvadoreño. En caso afirmativo, si otros países de Centroamérica replican las políticas de Bukele, pueden complementar el trabajo de la Administración estadounidense para el Control de Drogas (DEA). De hecho, varios líderes de diferentes países latinoamericanos ven el proyecto de Bukele como un modelo. El reciente asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, presuntamente a manos de los cárteles, parece confirmar la razón del atractivo del enfoque de Bukele.
Es posible que la Administración Biden también reconozca las ventajas del enfoque de Bukele. Como hemos visto tras la visita de la canciller salvadoreña Alexandra Hill a Washington, el secretario de Estado Anthony Blinken destacó la importancia de respetar el estado de derecho y los derechos humanos. Sin embargo, la declaración emitida por el Departamento de Estado fue clara: Estados Unidos y El Salvador continuarán trabajando para abordar importantes desafíos de seguridad y prosperidad económica, incluidos migración, la promoción del buen gobierno, la protección del debido proceso y el respeto por los derechos humanos”. El mensaje no condena la política de Bukele.
Es fundamental recordar que la corrupción previamente existente en los diferentes estados hizo posible la fácil penetración del CTO en la región.
Si Bukele continúa concentrando un sólido poder ejecutivo en sus manos y las de sus círculos cercanos, tal corrupción y la falta de rendición de cuentas del gobierno probablemente traerán nuevamente la misma situación que permitió el crecimiento del COT en primer lugar. Cuando el sistema legal estatal pierde autonomía y depende de la voluntad de un gobernante absoluto, ningún sistema puede sostener una vida ordenada incluso si se restaura formalmente la democracia liberal. Los jueces y fiscales generales, para entonces, habrán perdido el sentido de la dirección constitucional. En el futuro, las fuerzas de seguridad y las fuerzas del orden probablemente actuarán con impunidad, sin sujeción al estado de derecho.
Una vez que se instala un poder absoluto y se debilita el sistema de pesos y contrapesos, no es fácil revertirlo.
Entonces, ¿cómo resolvemos este círculo vicioso?
Bukele debería seguir persiguiendo el crimen, pero debe hacerlo dentro de un marco legal.
La victimización de personas inocentes no solo podría costarle su popularidad, sino que también puede revertir sus logros contra el crimen. La actual guerra contra el crimen de Bukele se lleva a cabo a expensas de la estructura estatal, y la ley es muy necesaria para lograr un buen gobierno. La única estructura estatal que existe ahora es un aparato de seguridad cada vez más represivo. Este aparato de seguridad corre el riesgo de unirse a grupos criminales en el futuro o de que sus miembros se transformen en delincuentes, como ya ha sucedido en varios países posautoritarios.
En principio, la comunidad internacional debería apoyar la necesidad de combatir el crimen con determinación y asertividad. Sin embargo, también debe insistir en que el gobierno lleve a cabo dicha empresa dentro del marco de la ley. La policía no debe detener a personas basándose en perfiles superficiales y generalizaciones. Se debe permitir que los abogados representen a los detenidos. La policía y las fuerzas de seguridad deben tener reglas claras de actuación al tiempo que protegen su derecho a la autodefensa. El presidente también debería llegar a un arreglo consensual con el Congreso en vez de imponer su voluntad en forma prepotente.
Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA), en particular, deberían alentar a Bukele en esa dirección.
*Catedrático de Sociología, Ciencias Políticas y autor. Ejecutivo Experimentado en políticas y relaciones comunitarias/políticas. Experto en América Latina y Medio Oriente con experiencia en asesoramiento de alto nivel a funcionarios gubernamentales de alto rango, miembros del Congreso y otros.
