Las tres agencias calificadoras de Riesgo más reconocidas: Fitch, Moody’s y Standar & Poor’s Global Rating (S&P) han degradado en lo que va del año la nota o calificación soberana a El Salvador.
Las agencias calificadoras evalúan la capacidad de pago de un país, es decir que el Estado (gobierno) pueda hacer frente a sus compromisos con acreedores internos y externos.
Y en esta materia El Salvador, está en lo que en la jerga bursátil se le conoce categoría de «bono basura» desde hace ya varios años, pero desde 2021 va descendiendo a un escalón cada vez más bajo.
El 1 de junio, se dio el último cambio hacia la baja, ubicando a El Salvador en el penúltimo grado especulativo (CCC +), antes de caer en la D que significa default.
“Hay pago de deuda emitida, vencimientos, y pagos de interés de deuda, y eso eleva las necesidades de financiamiento entre $1,200 y $1,300 millones en cada uno de esos años (2025, 2027)”.
Carlos Acevedo, expresidente del BCR.
¿Porqué? y aquí, aunque cada agencia calificadora evalúa de forma distinta, con diversos criterios, todas coinciden en tres problemas principales: las fuertes necesidades de financiamiento, el alto endeudamiento interno a corto plazo y la falta de predictibilidad en materia política.
Financiamiento necesario
Moody’s señalaba a inicios de mayo, cuando bajó dos escalones la nota soberana que la llevo a Caa3, que la rebaja se debía en gran parte a la falta de un plan de financiamiento creíble. Pero además, que «el soberano seguirá enfrentando presiones de financiamiento que comprometerían su capacidad para cumplir con sus compromisos de deuda en su totalidad».
Fitch, destacaba en febrero, que el país enfrenta fuertes riesgos por las altas necesidades de financiamiento este año y el próximo.
La agencia, señalaba que las necesidades de financiamiento para este año rondarían los $ 4,850 millones en 2022 (un 16 % del PIB), y estas subirían a $5,400 millones en 2023.
Este año el país debe tener asegurados los fondos para afrontar el vencimiento del bono 2023 en enero próximo. S&P, advertía esta semana que los retrasos en la obtención de más financiamiento, y «la adopción de medidas fiscales correctivas para reducir los déficits, podrían dañar la confianza de los inversionistas y dificultaría que el gobierno continúe cubriendo su déficit de financiamiento».
El economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, no considera que el gobierno no encuentre la manera de pagar el vencimiento de enero próximo. Además, señala que arruinaría el récord crediticio del país.
Pero 2023, es el inicio de una temporada bianual de fuertes pagos que tendrá que hacer el país. «Hay pago de deuda emitida, vencimientos, y pagos de interés de deuda, y eso eleva las necesidades de financiamiento entre $1,200 y $1,300 millones en cada uno de esos años (2025, 2027). Esto es más complicado», agrega Acevedo.
Presión de la tarjeta
La «tarjeta de crédito» del Gobierno que es la deuda a corto plazo, está llegando a su límite y este alto endeudamiento a tasas de 7.5 % por menos de un año, están pasando factura al país.
S&P señalaba que esta deuda a corto plazo (LETES y CETES) se encuentra actualmente en un máximo histórico de $ 2.5 mil millones (alrededor del 8 % del PIB) y esto, pone en riesgo el refinanciamiento.
En LETES, el gobierno casi ha alcanzado el límite legal de $1,600 millones emitidos, decía Fitch, que agregaba que «los fondos de pensiones privados y los bancos locales tienen un apetito limitado por aumentar su exposición a dichos instrumentos». Las últimas colocaciones no se suscribieron en su totalidad. Y entre agosto y octubre Hacienda tendrá que pagar casi $1,300 millones de vencimientos de esta deuda.
¿Este alto endeudamiento afecta al sistema financiero? (porque ellos son los que adquieren principalmente esa deuda). Para Acevedo, «hay un tema que se llama ‘crowding out’ (efecto desplazamiento), cuando el gobierno busca financiarse en el mercado interno, al adquirir recursos del mercado financiero no deja suficiente para la inversión privada; eso lleva a un fenómeno de aumento de tasas… pero eso se da cuando la liquidez está limitada. Pero si hay un exceso de liquidez, no se daría tanto o cuando una economía está muy abierta, como la de El Salvador, no afecta». El economista enfatiza que «mientras el gobierno pague (a tiempo) no hay problema».
Pero lo que si afecta a la banca y a las empresas calificadas, es la nota soberana del país. Cae la calificación, y empieza, un efecto cascada en todas las entidades, porque les impacta el techo país. Este «refleja el riesgo no diversificable incurrido por los inversionistas en un entorno de crédito soberano», explica Moody’s.
Es decir, que salvo casos excepcionales las entidades no pueden tener una nota superior a la del país donde están.
Factor político
Y el tercer factor que también tiene un fuerte impacto para la nota soberana es el político. Moody’s, indicó que las decisiones gubernamentales que «reiteradamente han priorizado la política sobre las económicas y han socavado la previsibilidad, incluidos los términos que podría buscar el gobierno en caso de una reestructuración de la deuda».
Además, la influencia de la gobernabilidad en el perfil crediticio de El Salvador es muy negativa y eso es reflejo de su débil efectividad gubernamental, estado de derecho y control de la corrupción, agregó la agencia.
Para S&P las «debilidades institucionales», que afronta el país, genera poco equilibrio y la inexistencia de la predictibilidad. «El debilitamiento de las instituciones y la concentración de poder en la presidencia han aumentado la imprevisibilidad de las políticas públicas», señalaba Fitch.
Las situaciones políticas «deberían de ser relativamente fáciles de corregir y este ayudaría a las calificaciones y también al riesgo país, por eso es tan importante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque da predictibilidad», detalló el expresidente del BCR.
El país ha mantenido el segundo riesgo país más alto de América Latina, que hasta el 1 de junio estaba en 22.65 %, casi 17 puntos más que en la misma fecha de 2021. Y el acuerdo con el Fondo Monetario, ha quedado en «stand by».
