La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el jueves una acusación penal formal contra el diputado opositor Alberto Romero, a quien el oficialismo de la Asamblea Legislativa retiró la inmunidad constitucional, bajo cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según informó la institución.
La FGR asegura que Romero «tuvo un incremento patrimonial» de más de 1,16 millones de dólares, «que no ha podido justificar».
El requerimiento fue presentado ante la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
Sin embargo, la investigación es considerada «persecución política», pues una Cámara de lo Civil condenó a Romero a reintegrar 445.766 dólares al Estado al no poder justificar el origen de ese dinero y el Ministerio Público habría armado una supuesta investigación posterior, vulnerando los derechos del diputado.
El proceso civil en el que fue condenado Romero se inició tras una investigación de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que, de acuerdo con la FGR, «el funcionario no pudo justificar el origen de los fondos».
Las supuestas irregularidades fueron detectadas en las declaraciones patrimoniales de Romero, quien fue elegido como diputado para representar al central departamento de Cuscatlán por la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de entre mayo de 2009 y abril de 2015.
Familiares y abogados del diputado han manifestado a periodistas que se trata de una persecución política y que las acusaciones de la Fiscalía se estarían dando como un doble juzgamiento por el mismo delito, lo que sería inconstitucional en El Salvador.
