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Juzgado Quinto de Paz notificó a director de la PNC que enfrentará un juicio penal

El funcionario dijo a periodistas que "ordenes ilegales no cumplo", guardándose la autoridad de decidir lo que es, o no legal.

El Juzgado Quinto de Paz notificó al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, del proceso penal que enfrentará a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de incumplimiento de deberes, cometido al no acatar ordenes de una comisión especial de la Asamblea Legislativa.

El uniformado se presentó a la sede de la corte acompañado de su equipo de defensores, la mayoría exfiscales sobre los que pesan acusaciones de corrupción y «tranzas» desde la FGR.

«Lo que tenemos acá es un acto judicial en el cual hay una notificación» y «no es el momento en el cual yo pueda decir si es legal o ilegal esa acusación», dijo Arriaza a periodistas.

El Ministerio Público ha pedido al juzgado que pase el proceso a la etapa de instrucción con medidas alternas a la detención provisional, para que enfrente el proceso en libertad.

El delito de incumplimiento de deberes es castigado por la legislación salvadoreña con penas de entre cuatro y seis años de cárcel, así como la inhabilitación especial en el cargo que ostenta el funcionario por igual tiempo.

Arriaza habría cometido el referido delito, según la Fiscalía, al negarse a llevar por «apremio» (por la fuerza) a dos ministros del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele ante una comisión especial del Congreso que investiga el uso de fondos públicos para la atención del a pandemia de la covid-19.

Para el uniformado, las ordenes dadas por esta comisión «carecieron de fundamentos legales», dado que «no se puede trastocar el fuero constitucional de otros funcionarios, si no es con el debido proceso».

«No tengo temor, porque no he hecho nada malo» y «ordenes ilegales no cumplo», aseguró Arriaza.

La presentación de la acusación se dio después de que Arriaza renunciara al cargo de viceministro de Seguridad que le otorgaba inmunidad y cuyo proceso de retiro se vio suspendido en la Asamblea Legislativa.

La renuncia de Arriaza al cargo que le daba inmunidad se supo sorpresivamente al momento en el que el Congreso se disponía a votar el desafuero.

Diputados opositores, tras enterarse de la renuncia, pidieron al pleno de la Asamblea Legislativa notificar a la Fiscalía que Arriaza se presentó a la sesión aún como viceministro, con lo que pudo cometer el delito de «usurpación».

Nayib Bukele nombró al director de la Policía como viceministro de Seguridad, con lo que le otorgó inmunidad constitucional frente a posibles investigaciones penales solicitadas por el Congreso.

El Congreso, mediante una resolución vinculante, ordenó el jueves la destitución de Arriaza por su participación en el supuesto intento de «golpe de Estado fallido» el 9 de febrero pasado, cuando el presidente Nayib Bukele ingresó al órgano Legislativo con militares y policías armados.

El mandatario adelantó que no cumpliría dicha orden, porque considera, por encima de la ley, que los legisladores no tienen la facultad constitucional.

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