El sistema judicial salvadoreño otorgó el miércoles la libertad al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al líder comunitario José Ángel Pérez, quienes permanecían detenidos desde el pasado 13 de mayo. La liberación se produjo tras un proceso abreviado en el que ambos fueron condenados, pero beneficiados con la suspensión condicional de la pena.
Tras siete meses en el centro penal conocido como «Mariona», el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla dictó una sentencia de tres años de prisión para ambos procesados: un año por el delito de «desórdenes públicos» y dos años por «resistencia agresiva».
Sin embargo, al tratarse de una pena menor a tres años y tras la aceptación de los cargos mediante un proceso abreviado, la jueza otorgó el beneficio de la libertad condicional. Bajo esta medida, Henríquez y Pérez deberán cumplir reglas de conducta por un periodo de tres años, que incluyen la prohibición de participar en concentraciones o eventos similares a los que originaron su captura.
Las detenciones ocurrieron en mayo de 2025, cuando Henríquez, miembro del Foro del Agua, y Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque y pastor evangélico, participaron en un plantón pacífico en las cercanías de la residencia del presidente Nayib Bukele.
El objetivo de la protesta era solicitar la intervención del Ejecutivo para frenar el desalojo de unas 300 familias campesinas en la zona de Santa Tecla. Según la acusación fiscal, la manifestación derivó en altercados, mientras que las organizaciones de derechos humanos denunciaron una «fuerte represión policial» y una captura arbitraria de los líderes.
A pesar de la liberación, el equipo de defensa y diversas organizaciones internacionales han expresado un «sabor agridulce» ante el fallo.
«Es una victoria verlos fuera, pero se ha utilizado la confesión como único mecanismo para recuperar la libertad en un contexto donde la protesta social está siendo criminalizada», señaló Oswaldo Feusier, abogado defensor del caso.
Por su parte, Amnistía Internacional, que había declarado a ambos como «presos de conciencia», celebró la noticia pero advirtió que el proceso penal en su contra nunca debió existir, calificando las acusaciones de «infundadas».
Al salir del centro judicial, Alejandro Henríquez reafirmó su postura: «Seguiremos en la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a las comunidades que sufren injusticias».
