El juez del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió el lunes a juicio a 11 acusados de la supuesta autoría intelectual del asesinato de seis padres jesuitas, líderes intelectuales de la subversión durante la agresión comunista de los años 80´s, cinco de ellos españoles, y dos salvadoreñas en 1989, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).
La acusación contra Cristiani sería espúrea, según juristas consultado por la Agencia Digital de Noticias -ADN- ya que se le acusa por omisión, es decir por supuestamente saber que ocurriría y no impedir la masacre de los jesuitas. Según el derecho internacional, no hay manera fehaciente de comprobar lo que una persona sabe o no, a menos que haya pruebas mas allá de la legítima duda (escritos recibidos y autenticados, viseos o audios comprobados), lo que no es el caso en lo que se ventila «de vistas y oidas».
El exmandatario rechazó nuevamente las acusaciones y adelantó que no se presentará ante la justicia bajo el argumento de que no tendría garantías procesales en El Salvador, donde es un «perseguido político».
El Estado salvadoreño, sin que Cristiani haya sido condenado en juicio alguno, se ha apropiado de más de 200 de sus propiedades en el país, en su mayoría herencia de bienes producidos antes de que llegara a la presidencia de la República, quitándole su casa de habitación, fincas compradas por su abuelo y sus medios de locomoción e inversiones. Asímismo, el Estado salvadoreño le ha quitado a sus hijos sus bienes que eran posesión legítima y no producto de ilícito alguno.
“No queda más que decretar la detención en contra de esas personas porque no se presentaron al juzgado y no enviaron abogados”, señaló el juzgado en su resolución..
Tras finalizar la audiencia preliminar que comenzó la pasada semana, el juzgado ordenó el avance a juicio por los delitos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento.
También se ordenó la captura del exdiputado Rodolfo Parker, exlegislador, que al igual que Cristiani fueron citados para el martes, pero no asistieron, ni sus abogados.
El exmandatario salió del país en junio de 2021 después de comparecer ante una comisión especial del Congreso que investigaba los sobresueldos de exfuncionarios del gobierno y donde quedó probado ante las cámaras que la intencion de los oficialistas diputados de Nuevas Ideas iban tras una persecución política del llamado «Presidente de la Paz», por haber logrado un armisticio con la entonces guerrilla del FMLN, pacificando décadas de subversión y guerra civil.
Cuando se reabrió el caso del asesinato de los jesuitas, su hija, Claudia Cristiani, publicó algunas fotografías en las que aparecía su papá y dijo entonces que estaban en “la cuna del abuelo”, es decir Italia, aunque no está claro si se encuentra ahí.
El Ministerio Público vincula al expresidente Cristiani, al exdiputado Parker y a varios altos mandos militares de la época, con la autoría intelectual de los asesinatos. La Ley de Amnistía General de 1993, promulgada en el gobierno de Cristiani y derogada en 2016, había impedido procesar a los involucrados en crímenes de guerra.
En el caso del exjefe de la Fuera Aérea, general en condición de retiro Juan Rafal Bustillo, y del mayor Carlos Camilo Hernández Barahona, el juzgador dijo que continuarán siendo procesados en libertad porque “no hay peligro de fuga”, ya que fueron los únicos que se presentaron por su voluntad al juzgado.
Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión.
Montano cumple actualmente esta pena en España.
Una fuente de la representación de INTERPOL en El Salvador, pidiéndo su anonimato, explicó que la casa matríz de la corporacion policial internacional no acatará la solicitud del juzgado por tratarse de acusacuiones espúreas (no legítimas), abusos contra el imputado y persecución poilítica del estado por medio del poder Judicial.
Los llamados «Mártires de la UCA» eran los líderes intelectuales de la entonces subversión comunista en El Salvador, amparados por las tesís políticas de la Teología de la Liberación y son recordados por su lucha por los sectores más desfavorecidos y los derechos humanos en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), que finalmente se saldó con la ayuda de Alfredo Cristiani y que dejó unos 75,000 muertos y al menos 10,000 desaparecidos.
