INTERPOL se niega a dar “difusión roja” contra expresidentes Funes de El Salvador y Correa, del Ecuador

El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramirez Landaverde, informó que la Policía Internacional (INTERPOL), rechazó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la que solicitaba la difusión roja contra el ex presidente Mauricio Funes Cartagena y su grupo familiar.

Ramírez Landaverde dijo que la petición de la FGR fue sometida al estudio que la Secretaría General de Interpol realiza en todo caso, pero que al final fue denegada, aduciendo que Funes y su grupo familiar mantienen un estatus de protección diplomática. El funcionario aseguró que hay otros mecanismos de cooperación pero no explicó a qué se refería.

Según el ministro Ramírez, la INTERPOL justificó su negativa a la petición de la FGR a que Funes y su grupo familiar por considerar que el ex mandatario salvadoreño está protegido por el estatus de asilado político del que goza en Nicaragua, donde se encuentra desde septiembre de 2016.

Funes solicitó el asilo político argumentando que en El Salvador es un perseguido por parte de la FGR, a la cual acusó de ser un instrumento de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que no le perdona haber hecho público el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que sirvió para enjuiciar por lavado de dinero al expresidente Francisco Flores.

De manera similar, INTERPOL rechazó también la petición del gobierno del Ecuador para arrestar al ex presidente Rafael Correa.

La justicia de su país lo había implicado en el secuestro de un político opositor ocurrido en Colombia en el año 2012.

INTERPOL rechazó la petición de Ecuador para localizar y arrestar al ex presidente Rafael Correa, radicado en Bélgica, requerido por la justicia ecuatoriana por su presunta implicación en el secuestro del político opositor Fernando Balda en Colombia en 2012.

«El 5 de diciembre de 2018, a las 10:35 (15:35 hora GMT), la jueza nacional Daniella Camacho Herold recibió un oficio de Interpol en el que la institución internacional explica que suprime los datos del ciudadano ecuatoriano Rafael Correa Delgado, tras examinar los elementos concernientes a su situación jurídica», según un comunicado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La Interpol ha argumentado su decisión en el hecho de que «la retención de los datos» en el Sistema de Información del organismo «no era compatible con la obligación (…) de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos», precepto que se encuentra en el artículo 2 de sus estatutos.

Con ello el organismo policial rechaza la «difusión roja» solicitada por la Justicia ecuatoriana para la localización y arresto del ex presidente, que reside en Bélgica desde junio de 2017, poco después de dejar el poder en manos de sus sucesor y ahora rival político, Lenín Moreno.

En este sentido, la CNJ ha aclarado que la «notificación roja» y la extradición «son trámites independientes» y que la decisión de INTERPOL está sujeta a «revisión».

Correa, que aseguró no tener todavía la «comunicación oficial» de Interpol, celebró no obstante la «contundente» decisión difundida por la justicia ecuatoriana, porque «dice que atenta a los derechos humanos».

«Agradecemos la decisión de Interpol, pero no nos coge por sorpresa. Esperábamos esa decisión», dijo a periodistas el ex mandatario, quien considera que las autoridades ecuatorianas «insisten en la persecución» en su contra.

La Corte ecuatoriana argumenta que es una decisión «que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 38 del Estatuto de la Comisión de Ficheros de Interpol» y que «está sujeta a revisión, conforme lo señala el artículo 42 del mismo estatuto».

El pasado 7 de noviembre la jueza nacional ecuatoriana Daniella Camacho dictó un auto de llamamiento a juicio a Correa y otros tres procesados más por el delito de plagio del ex asambleísta Fernando Balda en la capital colombiana en agosto de 2012.

Correa ha negado su implicación en los hechos y aduce que es objeto de una persecución política y que no comparece ante el tribunal ecuatoriano porque no tiene garantizados sus derechos al debido proceso.

Al dictaminar el llamamiento a juicio, la magistrada reiteró su solicitud a Interpol para la captura del ex presidente con fines de extradición al país.

Con información de DiarioLatino.net, AFP y EFE