El gobierno de Nayib Bukele presenta la reducción de la violencia en El Salvador como uno de sus logros principales. Sin embargo, tanto Bukele como varios de sus funcionarios «estrella» están bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) desde ya tiempo atrás por oscuras negociaciones que han realizado con esos grupos delincuentes-terroristas, desde que Bukele era alcalde de la ciudad capital, San Salvador.
Recientemente, tras un reporte periodístico del medio digital El Faro, que reveló negociaciones del Ejecutivo de Bukele con la pandilla MS13 para disminuir los homicidios, las alarmas se encendieron en El Salvador y en el resto del mundo.
El gobierno del presidente Nayib Bukele habría negociado, tan pronto llegó al poder, con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) beneficios carcelarios para sus miembros que cumplen penas en prisión, a cambio de la reducción de los homicidios y otros delitos comunes, lo que catapultaría su imagen ante la población común.
Según el periodista Óscar Martínez, uno de los autores del artículo de El Faro, la investigación periodística se basó «en documentos oficiales», los que ninguna fuente oficial se ha atrevido a negar dichos documentos, lo más, han manifestado que se trata de copias de documentos.
Ante las nuevas revelaciones, el fiscal general, Raúl Melara prometió que «se abrirá la investigación correspondiente», sin embargo, el Ministerio Público cuenta con pruebas «fehacientes y circunstanciales» de las viejas negociaciones de Nayib Bukele con los temibles grupos delincuenciales de las pandillas.
«Nadie debe de aprovecharse de la institucionalidad para negociar con terroristas», advirtió Melara.
Si bien la violencia homicida ha declinado y el gobierno de Bukele lo presenta como uno de sus principales logros, los nuevos descubrimientos implican que el denominado «Plan Control Territorial», que incluye el despliegue de policías y soldados en las ciudades con mayor inseguridad esta soportado en las negociaciones del Gobierno con las «Maras».
Según el Ministerio de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, Bukele recibió el país con una tasa de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes y cerró 2019 con 36.
La proyección es finalizar 2020 con 21 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Pero la negociación «bajo agua» no solo incluiría la reducción de los homicidios, sino también el apoyo al partido político Nuevas Ideas, que Bukele ayudó a formar.
«Ese apoyo es de cara a las elecciones del 2021», dijo Martínez, cuando los salvadoreños deben elegir a los 84 diputados al Congreso unicameral y los alcaldes de los 262 municipios del país.
«Hasta el momento, nadie del gobierno, ningún funcionario, ha dicho que las 108 páginas de documentos oficiales que son nuestra prueba de la investigación y nuestro artículo sean falsas. Son documentos oficiales», aseguró Martínez.
Para desvirtuar lo publicado por El Faro, el gobierno montó un show para las agencias internacionales de prensa y algunos otros medios «comprados» o aliados, el pasado viernes las «estrictas» condiciones de reclusión de pandilleros en dos cárceles del país.
- El reto de la Fiscalía –
Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, una entidad de análisis político y lucha contra la corrupción, considera que una eventual negociación entre el gobierno y la pandilla MS-13 plantea un desafío para la Fiscalía General de la República.
«El fiscal general Raúl Melara está ante el reto de someter a verificación las pruebas que ha presentado el periódico digital y determinar si son fehacientes, y si son reales, proceder como dicta la ley», indicó Villalta.
En tanto, Álvaro Artiga, analista político y profesor de ciencias políticas de la Universidad Centroamericana (UCA) apuntó que la misión de la fiscalía en el caso de la presunta negociación es «demostrar que esa institución funciona, pues su trabajo ha sido muy deficitario».
Un exfiscal general, Ástor Escalante, señaló que «es fudamental» que se establezcan acciones para impedir que continúen los «posibles contactos» de funcionarios públicos con estructuras delictivas.
- La mirada desde el exterior –
Tras la publicación de los medios independientes de El Salvador que hicieron eco de la investigación de El Faro, el presidente Bukele calificó el artículo como «ridículo» y al periódico como «un panfleto».
No es la primera vez que el gobernante arremete contra medios o periodistas que le son incómodos, al descalificarlos y hasta bloquear el acceso a coberturas en la Casa Presidencial, o no invitarlos a sus conferencias.
La publicación de El Faro también repercutió en el exterior: uno de los primeros en reaccionar fue José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch, quien señaló en Twitter que las promesas de Bukele «por mejorar la seguridad y combatir la corrupción eran mentira».
El periódico español El País en un editorial consideró que «las revelaciones» de El Faro «obligan al mandatario a dar amplias explicaciones».
