Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), señaló el viernes en Twitter que El Salvador pasa por una “debacle autoritaria”.
“La debacle autoritaria de El Salvador sólo sería superada por un país con un golpe de estado militar y por el Talibán”, escribió Pappier en la red social Twitter.
Un documento del Instituto Varieties of Democracy (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, señala que bajo el Gobierno de Nayib Bukele se “intensificó su represión contra los periodistas y la libertad de prensa” y que junto a Túnez “ya no son democracias”.
En el informe también se pone a El Salvador en el grupo de las “autocracias electorales”.
En octubre de 2022, el politólogo e investigador Álvaro Artiga dijo en una entrevista con periodistas que El Salvador “está encaminado” a “una situación parecida a Nicaragua” con un “régimen de corte autoritario”.
El documento, del Instituto Varieties of Democracy (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo compartido por Juan Papier, señala que bajo el Gobierno de Nayib Bukele se “intensificó su represión contra los periodistas y la libertad de prensa” y que junto a Túnez “ya no son democracias”. (TWITTER)
Algunas decisiones y acciones del presidente Nayib Bukele han levantado las alarmas de organismos nacionales e internacionales, que han señalado que El Salvador “avanza” hacia el autoritarismo.
La diputada opositora Claudia Ortiz dijo también a periodistas de la agencia española EFE, en octubre de 2022, que El Salvador ha dado pasos hacia el autoritarismo de forma “contundente y rápida”.
El 9 de febrero de 2019, cuando el mandatario salvadoreño ingresó a la Asamblea Legislativa escoltado por policías y soldados armados con fusiles de asalto, diversas voces comenzaron a hablar de una “deriva autoritaria” de Bukele y, a juicio de Ortiz, se han marcado más pasos hacia el “destino autoritario”.
En marzo de 2021, el mandatario señaló que su país “no será una dictadura” tras la amplia victoria del oficialismo en las elecciones de febrero de ese año e indicó que promoverá el diálogo, del que excluirá a la oposición.
Algunas decisiones y acciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, han levantado las alarmas de organismos nacionales e internacionales, que han señalado que El Salvador “avanza” hacia el autoritarismo. (REUTERS)
“El Salvador no será una dictadura, como quieren hacer creer a la gente algunos activistas, analistas, algunos periodistas y políticos que no fueron electos”, sostuvo el presidente Bukele.
Estados Unidos dijo el jueves que el Gobierno de Nayib Bukele tiene la “responsabilidad” de garantizar la seguridad de la población, además de respetar los derechos humanos y el debido proceso.
Así se expresó un portavoz del Departamento de Estado al ser cuestionado sobre la polémica prisión salvadoreña a la que fueron trasladados 2.000 supuestos pandilleros el pasado viernes.
Las imágenes de los presos, sin camiseta, con los tatuajes característicos de las pandillas, esposados, agachados y amontonados, han recorrido todo el mundo en los últimos días, con muchos detractores por la falta de humanidad en el trato.
“Reconocemos el desafío que enfrenta El Salvador para frenar la violencia de las pandillas”, dijo el portavoz de la diplomacia estadounidense.
Estados Unidos dijo el jueves que el Gobierno de Nayib Bukele tiene la “responsabilidad” de garantizar la seguridad de la población, además de respetar los derechos humanos y el debido proceso. (REUTERS)
“Garantizar la seguridad pública es responsabilidad de los Gobiernos -añadió-. Tambiéntienen la responsabilidad de garantizar el debido proceso legal y de respetar los derechos humanos”.
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado hace un año tras una escalada de asesinatos, se ha detenido unos 65.000 personas, a las que el Gobierno salvadoreño acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
