Cientos de soldados fueron desplegados a ciudades y pueblos del interior de Honduras para sumarse al combate contra las pandillas criminales o maras, en el marco del estado de excepción impuesto por el Gobierno a fines de 2022, dijeron autoridades.
La presidenta izquierdista Xiomara Castro anunció el 6 de diciembre la suspensión de garantías constitucionales en la capital Tegucigalpa y la norteña San Pedro Sula, como parte de una estrategia contra el crimen organizado que implicó el envío de 2,000 policías a esas zonas.
«En esta nueva etapa tenemos la tarea de terminar con el narcotráfico, con el crimen y de igual forma capturar a los cabecillas de maras y pandillas», dijo el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, en una ceremonia en un batallón en la capital, donde inició el despliegue de tropas.
El estado de excepción, ampliado por 45 días a mediados de febrero y que abarca ahora hasta 17 departamentos, había implicado hasta el momento la participación de agentes de la policía nacional civil y policía militar.
El Gobierno no precisó el número de efectivos militares que intervendrán en las nuevas operaciones, que se prolongarán por seis meses, aunque en el acto presidido por Zelaya había cientos de uniformados que comenzaron a subir a camiones para iniciar funciones de seguridad por el país.
La medida fue duramente cuestionada por la ONU. Alice Shackelford, coordinadora residente del organismo en Honduras, externó su preocupación por la incorporación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, argumentando que comprometen los esfuerzos para desmilitarizar la seguridad en la nación.
Antes de llegar al poder en enero de 2022, Castro criticó el uso de militares en esas tareas durante el mandato del expresidente conservador Juan Orlando Hérnández, y ya en la campaña electoral ofreció «desmilitarizar la seguridad ciudadana».
La nueva estrategia, denominada en esta última etapa «Solución Contra el Crimen», fue adoptada por el Gobierno a raíz de las presiones de empresarios, transportistas, pobladores y organizaciones gubernamentales, ante el promedio de 10 homicidios diarios que registra el país, según datos oficiales.
