Una hermana del exasesor de Seguridad Nacional del Gobierno de Nayib Bukele, Alejandro Muyshondt, muerto mientras se encontraba bajo custodia estatal, rechazó en una entrevista con periodistas los «atropellos» a los derechos humanos en El Salvador, donde en el contexto del régimen de excepción suman ya más de 200 los fallecimientos en situaciones similares a las de su hermano.
La hermana de Muyshondt pidió resguardar su identidad por miedo a su seguridad, «Quizás hay otra familia que están pasando por lo mismo que nosotros hemos pasado y no tienen la oportunidad de hablar y de decir estas cosas y sí creo que en estos tiempos modernos no se puede estar dando tanto atropello a los derechos humanos», dijo.
El exasesor del presidente Nayib Bukele fue detenido en agosto de 2023 y su fallecimiento se conoció a inicios de febrero pasado, sin que las autoridades penitenciarias o de seguridad hayan brindado ninguna información a la fecha.
El 9 de febrero, la abogada Lucrecia Landaverde denunció que el cuerpo de Alejandro Muyshondt presentaba «múltiples evidencias de que fue de alguna manera torturado».
«Lo que hemos vivido nosotros como familia, que te entreguen un cuerpo en ese estado, la zozobra, la angustia de no saber cómo está tu ser querido, yo pienso que no lo debería de estar pasando ni nosotros ni a nadie», explicó la hermana de Muyshondt.
Muyshondt, cuyo caso se ha mantenido bajo hermetismo por las autoridades, fue acusado inicialmente de revelación de hechos secretos y favorecimiento de la evasión, en beneficio del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), procesado penalmente en El Salvador, pero nacionalizado en Nicaragua.
Su hermana apuntó que a estos cargos le sumaron el de extorsión «cuando él no era ningún extorsionista», lo que habría derivado que a su proceso le aplicaran las reglas del régimen de excepción.
El Salvador se encuentra bajo este régimen desde finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas, con lo que se suspende, entre otras garantías, el derecho a la defensa de los detenidos.
Diversas organizaciones humanitarias han recabado más de 6.000 denuncias de atropellos, incluidas las muertes de más de 200 personas.
En estos casos, según han denunciado, existe un patrón de falta de información en general de los procesos, prohibición de la visita, desconocimiento tanto de la prisión en la que se encuentran los detenidos como de su estado de salud.
También se han denunciado señales de posible tortura en los cuerpos de los fallecidos y la causa de muerte brindada generalmente es por edema pulmonar.
«Creo que todos estos atropellos a los derechos humanos no deberían de estar sucediendo y sí me gustaría ser esa voz de todas esas personas que no tienen el canal para decir lo que están viviendo, porque así como yo, así como mi mamá, así como mi familia, hay muchas familias que están pasando por esta misma situación que le entregan un cuerpo y ya, no hay una investigación, no hay nada», aseguró.
«Puedo afirmar que sí han habido varias irregularidades», sostuvo la hermana de Alejandro Muyshondt.
Señaló que su familia tiene «muchas dudas y muy pocas respuestas» sobre la muerte de su hermano y que esperan que «se aclare la situación».
Sin embargo, manifestó que persiste el temor a posibles represalias por denunciar públicamente las irregularidades del caso.
«Existe temor, no nos sentimos seguras, pues no se sabe qué esperar y no hay garantías constitucionales o algo que realmente nos proteja a nosotros dentro del régimen de excepción», dijo.
Añadió: «Mi miedo es que, así como a Alejandro le imputaron un cargo de extorsión cuando él no era ningún extorsionista, que simplemente te arresten por dar entrevistas, por abrir la boca y expresar lo que como familia sentimos, (…) que nos imputen cualquier cargo solo por callarnos, ese es mi principal temor».
Entre las irregularidades en el caso de su hermano señaló que no existe concordancia en la causa de muerte dada por las autoridades, la falta de acceso a los expedientes judiciales y el rápido decaimiento de su salud.
Cuestionó «cómo es que una persona, de estar completamente sana el 9 de agosto (de 2023), termina fallecida en seis meses», ya que en un documento «dice que murió hasta de metástasis ósea», mientras que el ente forense declaró que fue por un edema pulmonar.
«Son esas incongruencias que quisiéramos saber. Quisiéramos esclarecer esa situación», dijo y agregó que Alejandro «falleció bajo custodia del Estado, debe de haber una investigación, debe de haberse abierto una investigación».
