El gobierno del presidente Donald Trump ha dado órdenes para que las autoridades comiencen a arrestar a los padres y demás personas que hayan pagado a contrabandistas para traer a sus hijos a Estados Unidos, una medida que ha estremecido a las comunidades inmigrantes del país.
La iniciativa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) es una nueva muestra del endurecimiento de las políticas de inmigración desde que Trump asumió la presidencia.
El gobierno afirma que la medida tiene como propósito desmantelar las redes de tráfico de personas e incluye la detención de quienes paguen a los contrabandistas para que traigan a menores de edad a Estados Unidos. Los contrabandistas son similares a los “coyotes”, como se conocen en Guatemala.
La iniciativa contrasta con las políticas del gobierno del expresidente Barack Obama, en cuyo período decenas de miles de menores llegaron a Estados Unidos porque huían de la violencia en Honduras, Guatemala y El Salvador.
Los menores son entregados después a “patrocinadores”, que casi siempre son padres, parientes cercanos o amigos, que los cuidan mientras los chicos asisten a la escuela y su caso se resuelve en las cortes de inmigración de Estados Unidos. En este sentido, el gobierno afirma que ahora tiene planeado arrestar a estos patrocinadores.
“El ICE tiene como propósito desmantelar de principio a fin los mecanismos ilícitos que utilizan las organizaciones delictivas trasnacionales y los facilitadores del tráfico de personas”, dijo la portavoz del ICE, Sarah Rodríguez. “Los patrocinadores que han puesto directamente en peligro a los menores al encomendárselos a organizaciones delictivas violentas deberán rendir cuentas”, agregó la portavoz.
Los funcionarios del ICE no respondieron ayer a las solicitudes de periodistas de que facilitaran detalles sobre el número de patrocinadores que podrían ser afectados o que ya hayan sido arrestados, o los cargos que les serían imputados.
Grupos defensores de los inmigrantes dijeron que ya investigan los posibles arrestos de 12 patrocinadores en Texas, Pensilvania, Nueva York y Virginia.
