Decenas de miles de guatemaltecos salieron el domingo en una marcha pacífica en el centro de la capital en favor de la familia y en contra del aborto.
La marcha, denominada “Guate por la vida y la familia”, tuvo como punto de partida el Centro Cívico, se dirigió hacia la Plaza de la Constitución y fue convocada por el Movimiento Transformado Guate.
Los manifestantes, muchos vestidos con camiseta blanca, se pronunciaron a favor de los derechos de la familia desde la concepción. “Si a la vida, alto al aborto” o “si a la familia de hombre y mujer”, fueron algunas de las consignas de la marcha en la que participaron miembros de diferentes iglesias.
“Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. No a la muerte, si a la vida” o “Defendemos la vida como valor primordial de toda persona desde su concepción hasta su muerte natural”, se leía en algunas pancartas.
La pertinaz llovizna que se hizo sentir en la Plaza de la Constitución no fue ningún obstáculo para que los miles de guatemaltecos, hombres y mujeres, rechazaran el aborto.
La marcha es producto del debate en el Congreso guatemalteco de una ley que prevé penas de entre dos y cuatro años de prisión a las mujeres que aborten.
La norma en debate, más conocida como Iniciativa 52/72, endurece las penas por aborto y limita su uso terapéutico, prohíbe la educación “en diversidad sexual o ideología de género (sic)” y reitera el veto al matrimonio o unión de hecho entre personas del mismo sexo.
El proyecto de ley ha sido impulsado por el partido político Viva (Visión con Valores, fundado por Harold Caballeros, uno de los pastores evangélicos más influyentes del país), sin embargo es apoyado también por la iglesia Católica y otras denominaciones protestantes.
El texto pasó ya una primera y segunda lectura en el Congreso unicameral y está previsto que el martes o miércoles próximos afronte la tercera y última. En caso de que sea aprobado definitivamente, y ya ha obtenido los votos suficientes en las dos ocasiones anteriores, solo tendrá que ser sancionado por el presidente, Jimmy Morales, evangélico y apoyado en los sectores más conservadores del país.
“La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo serán sancionados con penas de dos a cuatro años”, dice el proyecto de ley en su artículo 10, que modifica el 139 del Código Penal. Por “aborto culposo propio” se entienden los casos en los que se produce la muerte del feto por acciones involuntarias.
Una guatemalteca que sufra una interrupción del embarazo por cualquier motivo será investigada y enfrenta la posibilidad de ir a la cárcel. En caso que se trate de un evento involuntario no se le aplicaría pena alguna, pero esto deberá ser certificado por profesionales de la salud.
La norma, en su artículo 13, incluye un apartado denominado “mortinatos” y que dice: “Cuando ocurriere la muerte natural o provocada del embrión o feto en el vientre materno, en cualquier etapa del desarrollo del mismo, desde la concepción, el médico que atienda el caso, estará siempre en el deber de rendir un informe de mortinato el que deberá ser proporcionado a los interesados que así lo soliciten, y remitido de oficio a donde corresponda”. Es decir, que el médico ya no será cómplice del aborto, como lo es en la mayoría de casos en la actualidad, pero se convierte en en fuente de informes para las autoridades.
Si el proyecto entra en vigor, Guatemala entrará en la lista de países con la normativa más restrictiva del mundo en relación al abuso del aborto de la mujer y la proliferación y celebración pública de la homosexualidad.
Más cárcel y veto a la “ideología de género”
Para entender bien esta normativa, hay que acudir a su séptimo “considerando”, en el que dice “que ante la existencia de grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana, así como modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y de la familia, los que representan una amenaza al equilibrio moral de nuestra sociedad y por ende un peligro para la paz y la convivencia armónica de la gran mayoría de los guatemaltecos: es necesario emitir disposiciones legales que, en congruencia con el mandato constitucional, brinden una protección plena a las instituciones del matrimonio y la familia”. Además, la “diversidad sexual” queda definida como “el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.
En relación a la educación sexual, el artículo 15 señala que “se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas, promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.
Por último, el matrimonio es definido como “la unión de hecho de un hombre y de una mujer, así nacidos”, en referencia a las personas transexuales, y se “prohíbe expresamente la declaratoria de unión de hecho entre personas del mismo sexo”.
Aunque los convocantes de la marcha no hicieron mención explícita, se trató de una exhibición de fuerza en apoyo a la ley a punto de pasar por el Congreso.
