El gobierno de la República dijo el miércoles que una resolución de la máxima instancia judicial del país, que ordena que el presidente Salvador Sánchez Cerén informe sobre la desaparición (secuestro y asesinato) del exembajador de Sudáfrica en 1979, sólo tiene el propósito político de afectar su imagen.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el martes que el mandatario
comparezca ante un juez para informar sobre el paradero del cuerpo del diplomático sudafricano Archibald Gardner Dunn, secuestrado a fines de 1979 y luego de que su familia pagara dos millones de dólares como rescate, fue asesinado y su cuerpo desaparecido.
La familia del exembajador dijo en la demanda que la organización guerrillera Fuerzas Populares de Liberación (FPL), entonces bajo la comandancia de Sánchez Cerén, secuestró al diplomático y desde entonces desconocen su paradero.
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El Gobierno de la República rechazó el fallo en contra del mandatario y dijo que, tras la guerra civil (1980-1982) una Comisión de la Verdad investigó exhaustivamente el caso y no mencionó a Sánchez Cerén.
«El presidente no pertenecía a la dirección de las FPL en ese año y era un líder magisterial», señaló un breve comunicado firmado por el Secretario de Comunicaciones de la presidencia, Roberto Lorenzana. «Esta resolución tiene un propósito político de dañar la imagen del presidente».
