Hasta el lunes, al menos 879 padres se reencontraron con sus hijos, pero 463 padres podrían haber sido deportados sin sus hijos, lo que hacía incierto conocer cuándo esos volverían a estar con sus niños, según una presentación conjunta para una corte realizada por el Gobierno y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).
El Gobierno del presidente Donald Trump ordenó, en cumplimiento de una ley instaurada por el expresidente Barack Obama, la separación de familias en mayo como parte de una política que buscaba desalentar la inmigración ilegal.
Trump puso fin a esa práctica a finales de junio después de que unas imágenes de vídeo de niños sentados en jaulas (construidas por la Administración Obama), una fotografía que mostraba la tragedia de un menor (también tomada durante la Administración Obama) y audios de sus lamentos causaran indignación a nivel internacional.
El juez de distrito estadounidense Dana Sabraw, de San Diego, ordenó el mes pasado que el Gobierno reuniera a los niños con sus padres para el jueves, en el marco de una demanda presentada por ACLU.
El juez podría emplear la audiencia del martes para considerar una solicitud de ACLU de que los padres que se enfrentan a órdenes finales de traslado no sean deportados durante al menos una semana después de reunirse con sus hijos.
El grupo de derechos humanos dijo que ese tiempo era necesario para que los padres consideraran las opciones legales para sus hijos, quienes podrían estar mejor quedándose en Estados Unidos para buscar asilo. La mayoría de los inmigrantes huyeron de la violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador.
El proceso de reunificación se ha visto afectado por una serie de desórdenes de las agencias del Gobierno, dificultades para rastrear a los adultos y a los niños en detención y la falta de comunicación con abogados de los inmigrantes.
El Gobierno reunió con sus padres a niños menores de 5 años a principios de este mes, aunque no cumplió con un plazo impuesto por el tribunal para hacerlo, de lo cual culpó en parte a procedimientos como la comprabación de antecedentes parentales para asegurar la seguridad de los niños.
Sabraw ha criticado a la administración por el empleo de medidas de seguridad, según él, innecesarias que nunca se hubieran aplicado si las familias no hubieran sido separadas por el Gobierno.
En la última semana, el juez dijo que se ha visto alentado por señales de que el Gobierno estaba poniendo más énfasis en cumplir con la fecha dada para la reunificación.
Con información de Reuters
