El Gobierno de la República anunció la entrega de material escolar gratuito a más de 1.2 millones de estudiantes del sistema público, una medida que se coloca en el centro del discurso oficial como símbolo de equidad educativa, aunque también reabre el debate sobre la dependencia de insumos importados y la sostenibilidad real de las políticas educativas.
El cargamento de útiles escolares, procedente de Brasil, fue recibido el domingo por la ministra de Educación, en un acto difundido ampliamente por los canales oficiales. Según el Ejecutivo, la distribución iniciará en los próximos días y alcanzará a centros escolares de todo el país, como parte de una estrategia orientada —según la versión gubernamental— a reducir desigualdades y garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas.
El paquete incluye cuadernos, lápices, mochilas y otros insumos básicos, que serán entregados de forma gratuita a la población estudiantil. Sin embargo, el anuncio ha generado cuestionamientos recurrentes sobre la falta de información pública detallada en torno a los costos totales de la importación, los criterios de adjudicación y la ausencia de una política sostenida para fortalecer la producción local de materiales escolares.
Aunque el Ministerio de Educación sostiene que la medida tendrá impacto nacional, sectores vinculados al magisterio y a la sociedad civil advierten que la entrega de útiles, por sí sola, no resuelve problemas estructurales del sistema educativo, como el déficit de infraestructura, la sobrecarga laboral docente y las carencias tecnológicas que persisten en muchas escuelas rurales y urbanas.
Calendario escolar 2026: entre la planificación y la presión operativa
En paralelo, el Ministerio de Educación oficializó el calendario escolar 2026, fijando el inicio de clases para el lunes 2 de febrero, una fecha que ha sido ratificada por sindicatos de maestros. Previo al arranque del año lectivo, los docentes participarán en jornadas de formación y actualización pedagógica del 7 al 23 de enero, seguidas de la planificación académica y adecuación de aulas entre el 26 y el 30 del mismo mes.
Las pruebas nacionales AVANZO se realizarán los días 28 y 29 de octubre en la modalidad ordinaria, mientras que la modalidad educativa alterna será evaluada el 31 de octubre y el 1 de noviembre. El cierre del año escolar está previsto para el viernes 13 de noviembre, y el proceso de matrícula para 2027 se desarrollará del 16 al 30 de noviembre.
Aunque el calendario busca dar previsibilidad al sistema, organizaciones docentes han señalado que los tiempos siguen siendo ajustados y que las capacitaciones no siempre se traducen en mejoras tangibles dentro del aula, debido a la falta de recursos y seguimiento pedagógico.
Alimentación escolar: licitación millonaria bajo la lupa
A la par de la entrega de útiles, el MINED lanzó una licitación por más de 13.8 millones de dólares para abastecer el Programa de Alimentación y Salud Escolar 2026. El contrato, con vigencia hasta el 31 de diciembre del próximo año, contempla entregas escalonadas de alimentos en distintas regiones del país, bajo la supervisión de la Bolsa de Productos de El Salvador (BOLPROS).
El programa prevé la compra de cereal para desayuno, leche en polvo, frijol rojo, arroz oro, azúcar cruda y aceite vegetal, insumos que deberán almacenarse en cuatro bodegas estratégicamente ubicadas en La Libertad, Santa Ana, Cuscatlán y San Miguel.
El Gobierno asegura que el objetivo es garantizar un refrigerio escolar que cubra las necesidades alimentarias inmediatas de estudiantes desde parvularia hasta bachillerato. No obstante, experiencias de años anteriores han dejado en evidencia retrasos en la entrega, problemas logísticos y cuestionamientos sobre la calidad nutricional de algunos productos.
Entre el anuncio y la realidad
Si bien la distribución de útiles escolares y alimentos continúa siendo una de las banderas sociales del Gobierno, analistas advierten que estas acciones, aunque necesarias, siguen operando más como medidas paliativas que como soluciones de fondo. La dependencia de importaciones, la limitada transparencia en los procesos de compra y la ausencia de evaluaciones públicas de impacto mantienen abierto el debate sobre si estas políticas logran transformar realmente la educación pública o si se limitan a reforzar una narrativa de asistencia sin cambios estructurales duraderos.
